El Gobierno aprueba la ley que permite abortar a menores de 16 años sin permiso paterno

VALÈNCIA. (EP) El Gobierno ha aprobado este martes en primera lectura el proyecto de ley de salud sexual y reproductiva que busca reformar la ley de plazos aprobada por el Ejecutivo del PP en 2015. "Es un nuevo avance para la democracia del país", ha destacado la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Rodríguez ha celebrado que esta norma permitirá "continuar ampliando derechos", tras la aprobación hace 12 años de la ley del aborto socialista que ya incluía esta medida. Este texto está recurrido ante el Tribunal Constitucional por los 'populares'.

En este sentido, la ministra portavoz ha destacado que, este nuevo texto, tiene también "como objeto revertir algunos retrocesos" realizados por el Ejecutivo del PP en su reforma de esta norma con su mayoría absoluta en 2015.

En concreto, el proyecto de ley aprobado este martes, impulsado por el Ministerio de Igualdad, busca garantizar el aborto en la Sanidad Pública, permite la interrupción del embarazo a menores a partir de los 16 años, elimina los tres días obligatorios de reflexión e incluye una baja incapacitante por interrupción voluntaria del embarazo, además de un servicios de asistencia y acompañamiento integral y especializada.

Del mismo modo, garantiza la objeción de conciencia, que se regula del mismo modo que en la Ley de Eutanasia para garantizar que siempre habrá personal disponible para la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Del mismo modo, la norma recoge que quien se declare objetor, será de aplicación en la sanidad pública y privada.

Las fuentes del Ministerio destacan también entre las medidas de esta norma que los centros de salud vayan a distribuir la píldora del día después de forma gratuita y en centros servicios de salud sexual y reproductiva. Se trata de un producto que actualmente vale 20 euros en la farmacia, según han indicado las mismas fuentes.

Pobreza menstrual

Del mismo modo, el texto recoge también que las píldoras anticonceptivas de última generación volverán a estar cubiertas por la Seguridad Social y se promoverán los métodos de anticoncepción masculina, para que no sea solo una responsabilidad de las mujeres.

Por otra parte, esta ley dedica un apartado a los derechos relativos a la salud menstrual de las mujeres en todas las etapas de la vida que incluye, además de la ya anunciada baja específica para las mujeres que tengan reglas muy dolorosas e incapacitantes, que en los institutos, prisiones, centros de la mujer, centros cívicos o centros sociales, se repartan gratuitamente productos de salud menstrual, como tampones, compresas o copa menstrual con el objetivo de acabar con la pobreza menstrual.

También se recoge el reparto de forma gratuita de métodos anticonceptivos en centros educativos vinculado a campañas sobre educación sexual.

Esto se incluye en el capítulo de Educación Sexual, en donde se apunta que esta será integral en las principales etapas educativas con el objetivo de ofrecer conocimientos basados en el consentimiento y las relaciones fomentadas en los buenos tratos.

Embarazo y gestación subrogada

Además, según han indicado las fuentes de Igualdad, se crearán centros públicos de atención especializada en salud sexual y reproductiva y una línea de atención telefónica; y se formará de forma específica en educación sexual y menstrual a profesores y profesoras, funcionarios y funcionarias de prisiones, trabajadores y trabajadoras públicos.

Por otra parte, esta nueva norma incluye medidas para fomentar las buenas prácticas en todas las etapas del embarazo, especialmente, en el parto y en el postparto, entre ellas, la incorporación de una baja preparto desde la semana 39 de gestación, que no consumirá ningún día del permiso de maternidad.

Además, y tras negociar con el PSOE, esta norma no perseguirá finalmente a las parejas que recurran a la gestación subrogada en otros países, aunque sí declara esta práctica como violencia reproductiva contra la mujer.

También recoge otras violencias contra las mujeres relacionadas con este tema, como la esterilización forzosa para las mujeres con discapacidad o el embarazo y aborto forzoso.

El Gobierno tramitará la ley del aborto por la vía de urgencia y tendrá un coste de 104 millones de euros

El Ejecutivo tramitará la ley del aborto por "vía de urgencia", lo que reducirá a la mitad los tiempos establecidos para que los órganos consultivos emitan los informes y dictámenes sobre el texto. Así lo ha puesto de manifiesto la minsitra de Igualdad, Irene Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se ha aprobado el anteproyecto en primera lectura.

Montero ha puesto en valor la aprobación de esta norma para la "calidad democrática" del país porque "amplia derechos" y, específicamente los de las mujeres a las que, según ha apuntado, se les está garantizando que "puedan vivir mejor" y "desarrollar sus proyectos de vida con garantía de derechos".

Durante su intervención, ha hecho un repaso sobre las medidas que incluye esta norma, como el acceso al aborto a las menores a partir de 16 años sin permiso paterno, recuperando la medida de la ley aprobada en 2010 por el Gobierno del socialista Zapatero. En este sentido, la ministra ha agradecido la labor que, entonces, realizó su homóloga Bibiana Aído, a la que ha reconocido su "valentía" e "inteligencia" para conseguir un consenso en esta materia.

Debido a las preguntas formuladas durante la rueda de prensa, Montero se ha centrado de forma más específica en tres aspectos de esta iniciativa: las bajas por menstruaciones dolorosas, la rebaja o eliminación del IVA a los productos de higiene femenina y la declaración de la gestación subrogada como violencia reproductiva contra la mujer.

Sobre la salud menstrual, la titular de Igualdad ha destacado la importancia de poner en marcha la incapacidad temporal por reglas dolorosas e incapacitantes.

"Se acabó ir a trabajar con dolor, se acabó empastillarse antes de llegar al trabajo y tener que ocultar que esos días estamos con un dolor que nos incapacita para trabajar", ha declarado.

Tal y como ha explicado, se tratará de un "permiso especial" que "no requerirá días previos de cotización" y que "será asumido íntegramente por el Estado" y se necesitará un diagnóstico por dolor incapacitante que, según ha apuntado, en algunos casos está vinculado, además, a "otras patologías" que también han sido desglosadas en esta norma.

Del mismo modo, ha respondido a las críticas de quienes advierten de que esta medida pueda ser estigmatizante a la hora de conseguir un contrato por parte de las mujeres, señalando que lo que está estigmatizado es "hablar de la regla en la sociedad" y, especialmente "en los centros de trabajo" y ha denunciado que muchas mujeres viven esta situación "en soledad, en función del trabajo que realicen" o "hablándolo con las amigas más cercanas" y sin garantías para su salud menstruar en su centro de trabajo "porque no hay un baño habilitado para ello".

En cuanto al coste de esta medida en concreto, ha indicado que se ha calculado en unos 23,8 millones de euros, menos de la mitad que los 57 millones en los que se calcula la baja preparto (57 millones). En total, según ha indicado, esta ley supondrá un gasto de unos 104 millones de euros.

La norma no incluye finalmente la bajada de IVA a los productos de higiene femenina, después de que Hacienda rechazara incluirlo en esta ley. En este sentido, Montero ha explicado que existe el compromiso de tratar este tema en la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado.