VALENCIA, (EP). El Gobierno central ha indicado al grupo de Compromís en el Senado que las maniobras de aterrizaje en el aeropuerto de Valencia "no son susceptibles de modificación por seguridad en las operaciones" y que dichas maniobras fueron "acordadas" entre AENA y los representantes de los ayuntamientos afectados por la huella acústica.
Así consta en la respuesta del Ejecutivo a la pregunta del senador territorial de Compromís, Carles Mulet, quien pedía explicaciones al para solucionar el problema del "incumplimiento de ciertas compañías 'low-cost'" para minimizar el impacto de los vuelos del aeropuerto de Manises en la población.
Al respecto, el Gobierno ha recordado que en marzo de 2010 entraron en vigor las nuevas maniobras de despegue en el Aeropuerto de Valencia y que éstas fueron "acordadas" entre AENA y los representantes de los municipios incluidos en el Grupo de Trabajo Técnico del Ruido de ese aeropuerto (GTTR), "en el que están representados todos los ayuntamientos afectados por la huella acústica del aeropuerto".
De este modo, según el Ejecutivo, las trayectorias que se modificaron fueron las maniobras de despegue hacia el este, "con el fin de desviar los aviones hacia zonas menos pobladas", lo que ha supuesto una "disminución sustancial del número de habitantes afectados" por estos sobrevuelos.
Asimismo, el Gobierno ha detallado que las maniobras de aterrizajes "no son susceptibles de modificación por seguridad en las operaciones", ya que "la alineación con la pista de aterrizaje en las operaciones de aproximación desde el este, debe realizarse necesariamente a una determinada distancia de la pista", --que en el caso del aeropuerto de Valencia queda en un punto situado sobre el mar--.
De esta respuesta, Compromís entiende que "no se descarta en ningún momento que existan estos incumplimientos, ni se hayan sancionado a las compañías por el mismo", por lo que ha preguntado al Gobierno por la fecha, numero de vuelo, hora, incumplimiento, compañía y sanción que han aplicado a quien se sale de las normas antirruidos.
"Las molestias a los municipios vecinos no han mitigado y mucho nos tememos que las sanciones existan o puedan ser lo suficientemente serias para obligar a las empresas a cumplir", ha concluido Mulet.