VALÈNCIA. (EP) El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática que ha aprobado el Consejo de Ministros este martes contempla la creación de una Fiscalía de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos que se dedicará a investigar hechos producidos en la Guerra Civil y la Dictadura, teniendo como marco jurídico de referencia el derecho internacional y los tratados internacionales.
Así lo ha explicado la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al ser preguntada sobre el papel que jugará a partir de ahora La ley de Amnistía de 1977, que ha sido un obstáculo a la hora de juzgar estos hechos.
"No hay garantía más grande para investigar delitos de violaciones de derechos humanos en la dictadura que la creación de una Fiscalía de Sala", ha afirmado Calvo, al ser preguntada en concreto sobre si esta nueva ley y este nuevo órgano servirá para sortear la citada ley de amnistía.
A este respecto, la vicepresidenta ha afirmado que esta ley "se encardina en el compromiso del derecho internacional humanitario" y ha recalcado que "no hay más garantía" para investigar esas violaciones de los derechos humanos "que estar a los tratados internacionales a los que España está obligada".
Posteriormente, fuentes de su equipo han reafirmado que el objetivo de la creación de esta Fiscalía es garantizar desde los poderes públicos "el derecho a la investigación de la violación de los derechos humanos y del derecho internacional de la Guerra Civil y de la dictadura".
En concreto, señala que el artículo 2 de la ley plantea que la interpretación de esta ley está de acuerdo con lo que son las ratificaciones de los tratados internacionales que ha hecho España en tema de derechos humanos.
Sobre la posibilidad de que se pueda desarrollar en España un proceso judicial como la causa que lleva en Argentina la jueza María Servini contra los crímenes del régimen franquista, estas fuentes han explicado que lo que se hace ahora es que se plantea la vía para poder presentar las denuncias por parte de los ciudadanos que así lo consideren oportuno.
Así, señalan que "esta ley tiene los elementos suficientes como para poder investigar todos y cada uno de los elementos que tengan que ver con la violación de los derechos humanos", al interpretarse "de conformidad con los tratados internacionales", que marca "el principio de donde se tiene que abordar".
Asimismo, la ley establece un régimen de sanciones, en defensa de las víctimas y de la dignidad de los principios y valores constitucionales en el espacio público, que pueden llegar hasta los 150.000 en los casos de infracciones graves, por ejemplo, la destrucción de fosas de víctimas de la Guerra Civil, destrucción de lugares declarados de memoria democrática, falta de adopción de medidas necesarias para impedir o poner fin en espacios públicos de actos de exaltación de la guerra civil o la dictadura, o la convocatoria de actos que inciten al desprecio o la humillación de las víctimas.
Por ejemplo, serán objeto de sanción según la nueva ley los actos de enaltecimiento de la guerra civil o la dictadura que se hagan en manifestaciones, y en algún caso, según como se desarrollen, podrían ser considerados infracciones muy graves.
Por otra parte, la ley establece las actuaciones necesarias para que no puedan existir fundaciones y asociaciones entre cuyos fines se encuentre la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o la violencia contra las víctimas de la Dictadura franquista.
Es decir, se establece el procedimiento para la posible ilegalización de la Fundación Francisco Franco, ya que no podrá seguir existiendo si se determina que incurre en los fines antes mencionados, contrarios al interés general. "Las asociaciones que existan, sea cual sea su formato, tendrán que adecuarse a los fines de esta ley", ha explicado Calvo, al ser preguntada sobre esa posible ilegalización.
Fuentes de Moncloa han detallado que lo que hace la ley de memoria democrática es introducir "nuevos elementos", como la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio contra víctimas de la guerra civil o la dictadura, como "elementos contrarios a los intereses generales".
Por lo tanto, "todo tipo de fundaciones en los que concurran que no persiguen fines acordes con el interés general, y los que hagan apología del franquismo, "evidentemente serán elementos para poder plantearse la extinción de esas fundaciones", a través del protectorado de asociaciones que depende del Ministerio de Cultura.
En cuanto al Valle de los Caídos, otro de los puntos que aborda la ley es su "resignificación", lo que implica, según las fuentes consultadas, "explicar" el significado en sí del monumento, pero no derribar la gran cruz que preside el complejo.
Sobre este elemento en concreto, explican que el plan pasa por explicar que se trata de uno de los símbolos fundamentales del nacional catolicismo, y cómo este marcó la vida política española. Es decir, el planteamiento del Gobierno es "explicar el monumento en su conjunto, y el monumento en su conjunto lleva incluida la cruz".
Asimismo, la ley también contempla medidas para evitar la exaltación de la Guerra Civil y la Dictadura franquista, mediante la retirada de símbolos y elementos contrarios a la Memoria Democrática, así como de distinciones, títulos o condecoraciones concedidas a los protagonistas o impulsores del alzamiento, la Guerra Civil o la Dictadura.
