FOTO: EUROPA PRESSVALÈNCIA (EP) El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el tercer tramo de avales para empresas por parte del Instituto de Crédito Oficial (ICO) por un importe total de 24.500 millones de euros.
Así lo ha confirmado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Montero ha explicado que las entidades bancarias no podrán cargar ningún coste financiero sobre importes no dispuestos por el cliente, dando respuesta así a las quejas de algunas empresas que denunciaban ciertas cuestiones. "Vamos sujetando las líneas a vigilancia y reforzando algunas cuestiones", ha precisado.
Este tercer tramo de la línea ICO está destinado a la concesión de créditos y el 50% del importe total irá a parar a financiación de pymes y autónomos, mientras que el 50% restante será para las empresas.
De esta manera, de los 60.000 millones aprobados en los tres tramos movilizados por parte del Gobierno, se reservarán 40.000 millones para pymes y autónomos y 20.000 millones de euros para el resto de empresas.
El presidente del Ejecutivo ya adelantó este sábado que el Gobierno desbloquearía una tercera línea de avales públicos con el fin de garantizar la liquidez al tejido productivo ante la emergencia de la crisis del coronavirus, y que estaría reservada en su mayoría a pymes y a autónomos.
En esta tercera línea de garantías, el Ejecutivo ha decidido de nuevo reservar el 50% de los avales a pymes y a autónomos, considerado el colectivo que más impacto está sufriendo a causa de la crisis económica generada por el coronavirus.
Una vez se habilite el tramo, se habrá consumido ya más del 60% de los 100.000 millones de euros del programa de ayuda de financiación a las empresas. Esta línea está gestionada por el ICO, en colaboración con las entidades financieras, las cuales asumen el coste del aval, que se sitúa en un rango de entre 20 y 120 puntos básicos.
El único requisito para acceder a esta garantía es que los solicitantes no estuvieran en situación de morosidad a 31 de diciembre de 2019 y en procedimiento concursal a 17 de marzo de 2020.
Hasta el momento, se han avalado 269.843 operaciones, el 98% para pymes y autónomos, lo que ha implicado unas garantías públicas de 27.500 millones de euros y una inyección de 36.190 millones de euros al sector.
De igual forma, el Gobierno ha habilitado una línea de unos 4.000 millones de euros para cubrir los créditos canalizados por el sistema de financiación basado en pagarés del mercado alternativo de renta fija (MARF).
Estos 4.000 millones de euros se enmarcan en la extensión de las líneas de avales ICO al MARF anunciada recientemente, con la que se pretende fomentar el mantenimiento de la financiación que se produce en los mercados de capitales al que habitualmente recurren las empresas españolas y que quedó prácticamente suspendido por la situación de emergencia sanitaria.
Montero ha subrayado que unas de las condiciones necesarias para acceder a los avales del ICO en el MARF es que las empresas tengan sede social en España, con el fin de evitar que puedan acogerse compañías con domicilio en paraísos fiscales o que se puedan utilizar los fondos para repartir dividendos.
Los 500 millones de euros restantes de esta partida de 24.500 millones de euros de avales están vinculados a las sociedades de garantía recíproca por parte de la Compañía Española de Reafianzamiento (Cersa).
Nos gusta hacer balances de todo y por su orden. En este caso de la legislatura del primer Gobierno de coalición. Y es que en tan solo dos años han pasado muchas cosas. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias lideraron el acuerdo. Unidas Podemos entró en el Gobierno y hoy Iglesias ya no está, tampoco la entonces vicepresidenta Carmen Calvo, o el ministro José Luis Ábalos o el todopoderoso jefe de gabinete monclovita, Iván Redondo. Y estamos en pandemia
