VALÈNCIA (EP). La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este jueves que el Gobierno concederá un préstamo sin intereses a las comunidades autónomas en los Presupuestos de 2019 para compensar la pérdida de 2.500 millones de euros generada por el cambio normativo en la gestión del IVA realizado en 2017, que ha supuesto una menor recaudación. De ellos, 250 millones serán para la Comunitat Valenciana.
En esta línea, la ministra ha asegurado que el Gobierno está estudiando habilitar un procedimiento que corrija que las empresas abonen el IVA el día 20 en vez del 30 y se recupere el mes de recaudación que ahora pierden, aunque el PP no está de acuerdo con la medida, según la ministra. Si este cambio sale adelante, previsiblemente en 2021, se liquidarán 13 meses de recaudación y será entonces cuando las CCAA devolverán el préstamo.
Durante la réplica, Montero le ha recordado al grupo parlamentario Popular que la modificación del IVA por la que las comunidades autónomas perderán 2.500 millones de euros en 2019 la hizo el anterior ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, "con opacidad, alevosía, premeditación y sin dar explicaciones".
Así lo ha señalado la titular del Ministerio este jueves durante su comparecencia en el Congreso para explicar los nombramientos en empresas de la SEPI, donde también ha apuntado que esta iniciativa de Montoro ha provocado que dos años más tarde el Gobierno tenga que pedir a las comunidades autónomas un mes de ese IVA que, aunque sí se reconoció el derecho entonces, no se recaudó en 2017.
Asimismo, ha resaltado que el Gobierno piensa arbitrar el procedimiento para que todas las comunidades puedan contar con estos recursos. Según Montero, las comunidades han visto cómo la liquidación del sistema se ha visto afectada por un cambio normativo aprobado por Montoro en 2017.
En concreto, este cambio obligó a informar del IVA a las grandes empresas en tiempo casi real y, a cambio, permitió que el impuesto se pagara el 30 de cada mes en lugar del 20.
En esta línea, el Gobierno confirmó que es "leal con las comunidades autónomas y que está buscando fórmulas que permitan corregir la situación generada por el cambio normativo en la gestión del IVA en 2017".
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral