Arturo Torró firmó un contrato en el que se aseguraba el “buen estado de las instalaciones”
VALENCIA. La Operación Aplauso por la que el exalcalde del Partido Popular Arturo Torró pretendía dinamizar la playa de Gandia y crear un nuevo espacio de ocio de la ciudad, zozobra de tal manera que está a punto de convertirse en una de las maniobras más cuestionadas del anterior gobierno de Gandia.
El pasado martes, el presidente de de la Empresa Publica de Gandia (IPG), Vicent Mascarell, se presentó en las instalaciones del complejo y, con cierto estupor, comprobó cómo la zona comercial del Hotel Gandia Palace estaba desmantelada: Desperfectos en las butacas, en el parqué, cables rotos… y, entre otras cosas, la desaparición de los equipos de proyección.
Las instalaciones, que al Ayuntamiento de Gandia le costarán un total de 7,2 millones de euros, se encuentran en un estado “lamentable” y con numerosos desperfectos. Unos daños que, según fuentes policiales, no se tratan de actos vandálicos porque acceder al recinto desde fuera es “casi imposible”. Dadas las condiciones en las que se encuentra el complejo, el presidente de IPG ha denunciado su estado a la Policia Nacional en aras de abrir una investigación y encontrar a los culpables de “del saqueo y destrozo de las instalaciones”.
Unos destrozos que se han realizado en el periodo transcurrido desde que se firmó el contrato de arrendamiento (5 de noviembre de 2014) hasta el día de hoy. Tal y como se lee en el contrato, “el inmueble se entrega al arrendador en buen estado de conservación, quedando en beneficio del mismo las mejoras que el arrendatario ha realizado”.
Preguntados por el complejo, desde el gobierno afirman que dependiendo de las investigaciones policiales, el gobierno municipal tomará posibles medidas.
Desde el Partido Popular han lamentado los incidentes y se han mostrado preocupados por la gravedad de los hechos, dado que el “Gobierno de Gandia no ha velado por la integridad de las instalaciones municipales”. “Que de inmediato vayan a revisar otras instalaciones municipales, donde hemos alertado que podrían haber desperfectos”, ha comentado Arturo Torró indicando que “una vez más el Gobierno de Gandia se despreocupa”.
Una operación por la que el exalcalde de Gandía, Arturo Torró, y el actual asesor del Partido Popular Javier Reig han sido citados por el juez como imputados por un presunto delito de prevaricación en la compra que efectuó a través de la empresa municipal Iniciatives Públiques de Gandía (IPG) de parte del complejo de Gandia Palace por 6,7 millones de euros y sufragar los gastos de la operación con el posterior arrendamiento de los antiguos CineBox, los locales y la bolera.
La maniobra, firmada a través de IPG, pretendía ampliar el patrimonio del Ayuntamiento, potenciar la playa y cobrar los 1,3 millones de euros que la empresa Vipei adeudaba por los impagos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Ese dinero se deduciría del precio final y el resto debía ser abonado por IPG.
El Gobierno ha accedido a las instalaciones a las pocas semanas de conocer la sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº 2 de Valencia, que considera que la compra del inmueble sí se realizó, y fue IPG quien incumplió el acuerdo de compraventa firmado por el anterior ejecutivo de Gandia el 16 de enero de 2012. Por ende, la Empresa Pública de Gandia (IPG) deberá pagar más de 5.364.407,86 euros por la compra de los locales de ocio, boleras y cines del Hotel Gandia Palace. Un dinero que se sumará a los 1,3 millones de euros que la empresa Vipei adeudaba por los impagos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Por consiguiente, una vez realizado el pago, la Operación Aplauso le habrá costado al consistorio casi 7.200.000 euros.
