El gobierno de Gandia pone fin a la 'Operación Aplauso'

VALÈNCIA. Tras más de cinco años de acusaciones, negociaciones y demandas de por medio, la denominada Operación Aplauso deja de ser un problema para las arcas del Ayuntamiento gracias al acuerdo que se ha llegado con el administrador concursal de VIPEI y que permitirá reducir la deuda pública en un 33%. Además, con este acuerdo el consistorio se desprende del complejo de ocio y boleras adquirido por el entonces alcalde de la ciudad, Arturo Torró, y que actualmente se encuentra en un estado “ruinoso”.

El acuerdo alcanzado exime al Ayuntamiento de Gandia de abonar 5.364.407,86 millones de euros, deuda contraída a raíz de la Operación Aplauso, por la que el anterior gobierno del Partido Popular compró los espacios de los antiguos CineBox y otras dependencias de complejo a través de Iniciatives Públiques de Gandia (IPG), la empresa pública de Gandia —en proceso de liquidación—.

A pesar de que el Partido Popular en su día asegurara que la compra nunca se materializó, una sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº2 de Valencia (diciembre de 2015), consideraba que la compra del inmueble sí se realizó, y fue IPG quien incumplió el acuerdo de compraventa firmado por el anterior ejecutivo de Gandia el 16 de enero de 2012. Por tanto, el consistorio estaba obligado a pagar la cantidad de 5.364.000 euros. 

 Tras un año de negociaciones entre los liquidadores de IPG y el administrador concursal de la propietaria de la galería comercial, el juez ha homologado el acuerdo tomado entre ambas partes: El edificio vuelve a manos de su propietario y el consistorio gandiense se exime de abonar los más de cinco millones de euros por la compra del inmueble. 

Cabe destacar que el complejo, de más de 5.000 metros cuadrados de superficie, se encuentra cerrado desde septiembre de 2014 en un estado “ruinoso”: el parqué está arrancado; la instalación eléctrica suelta y con cables cortados; las pantallas de cine rasgadas; y ha desaparecido material de gran valor, como luces de emergencia, mobiliario y equipos de sonido y de proyección cinematográfica.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Gandia no podrá recuperar los 1,3 millones de euros en concepto del Impuesto de Bienes Inmuebles que el gobierno del PP perdonó a la mercantil propietaria de la galería comercial a cambio de la compra del inmueble. Tampoco los 600.000 euros que el actual gobierno tuvo que hacer frente en concepto de impuesto de transmisiones patrimoniales porque el Partido Popular no inscribió el complejo en el Registro de la Propiedad, que le impuso un recargo del 20% por no realizar dicho trámite.

Arturo Torró ante los tribunales

Para el anterior gobierno del Partido Popular la Operación Aplauso todavía pesa entre su partido pues está en manos de los tribunales. En ella, tanto el ex alcalde de Gandía, Arturo Torró, como el actual asesor del Partido Popular, Javier Reig, han sido citados por el juez en calidad de investigados por un presunto delito de prevaricación en la compra que se efectuó a través de la empresa municipal IPG de parte del complejo de Gandia Palace. 

La maniobra pretendía ampliar el patrimonio del Ayuntamiento, potenciar la playa y cobrar los 1,3 millones de euros que la empresa Vipei adeudaba por los impagos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Ese dinero se deduciría del precio final y el resto debía ser abonado por IPG.

El portavoz del gobierno, José Manuel Prieto, calificaba ayer la compra de esta galería comercial como una “locura sólo al alcance de un gobierno inconsciente” del valor de lo público o cómplice de alguien afín a su partido. Igualmente, recordó que desde la oposición “nos cansamos de denunciar que un gobierno municipal no podía actuar de inmobiliaria; no podía utilizar el dinero de todos para comprar bolera y discotecas mientras dejaba colgados a autónomos y empresas”

Por su parte, Salvador Gregori ha incidido en la importancia de este día pues “lo esperábamos con tiempo” y ha recalcado que el gobierno ha arreglado “la operación más absurda, inútil e incomprensible de las que puso en marcha el Partido Popular: Acordar el pago de 6,7 millones de euros por unas boleras fue una locura”.