El Gobierno incluye un mecanismo para ayudar a los ayuntamientos que incumplan el plazo de pago a proveedores
13/10/2021 -
VALÈNCIA. (EP) El Gobierno recoge en el proyecto de presupuestos generales del Estado (PGE), presentados este miércoles, medidas de apoyo destinadas a Entidades Locales (EELL) que tengan problemas financieros y hayan incumplido el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) en diciembre de 2020 o marzo o junio de 2021.
En concreto, estas medidas se basan en un mecanismo de pago a proveedores adaptado a las actuales circunstancias de cada entidad local, con el objetivo de cancelar la deuda comercial anterior al 1 de julio de 2021, tal y como se desgrana en el proyecto de los PGE presentado este miércoles por la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero.
"Es obligatoria para las entidades locales incluidas en el modelo de participación en tributos del Estado cuyo periodo medio de Pago a Proveedores exceda de 30 días en alguno de los periodos antes citados", recoge el texto.
Según ha explicado Montero este mecanismo de pago a proveedores afectará a 1.670 entidades locales, mayoritariamente ayuntamientos y también alguna diputación, y se estima que 2.000 millones de euros se podrán a disposición de las entidades para "financiar la dificultad que tienen para cumplir algo estrictamente obligatorio" como es el cumplimiento del PMP.
Eso sí, este mecanismo requiere, en todo caso, la aceptación de los proveedores para percibir el importe de sus derechos de cobro por este sistema, que se limitarán al principal de la deuda, ya que aquella aceptación implicará "la renuncia a la percepción y exigencia de intereses de demora, costas y conceptos accesorios", indica.
Con estas medidas de apoyo a EELL, junto a otras de carácter ejecutivo, permitirán "al Reino de España" adecuarse al dictamen motivado de la Comisión Europea y dirigido a España que indicaba los incumplimientos de la normativa de medidas de lucha contra la morosidad por las corporaciones locales.
No obstante, el texto refleja que "no existe un problema generalizado de morosidad" de las administraciones públicas españolas, ni de las entidades locales, ya que el 80% de ayuntamientos y diputaciones provinciales presentan un Periodo Medio de Pago a Proveedores situado entorno a 30 días.
