Pedro Sánchez y Ximo Puig, en una imagen de archivo. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. La presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) genera todos los años reacciones de las Comunidades Autónomas a cuenta de las llamadas "inversiones territorializadas". Se trata de una clasificación de las inversiones del capítulo VI que calcula el propio Gobierno a pesar de la dificultad de adjudicar a una sola autonomía algunas grandes actuaciones. Valga como ejemplo la inversión en Vandellós (Tarragona) del Corredor Mediterráneo ferroviario, que se produce en Cataluña pero de la que se beneficia sobre todo la Comunitat Valenciana.
En el caso de la Comunitat Valenciana, la atención se pone en el porcentaje de inversión respecto al total territorializado, que según el Estatuto de Autonomía debe igualar su peso poblacional, el 10,6%, aunque este artículo no es obligatorio para el Gobierno ni para el Parlamento, que es soberano para la aprobación de los PGE. De hecho, nunca se ha alcanzado ese porcentaje. Lo máximo a lo que se ha llegado es al 9,5% en 2021, que igualaba el de 2008, con Rodríguez Zapatero en el Gobierno, en una época en el que las obras del AVE dispararon la inversión en la Comunitat Valenciana.
Con Rajoy, ya en plena crisis, no solo bajó la inversión sino también en porcentaje sobre el total regionalizado, que osciló entre el 6,2% de 2013 y 2014 y el 8% de 2016. En su último presupuesto, el de 2018, prorrogado dos años más, se situó en el 7,2%.
Para 2022 el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene el compromiso de situarse en torno al 10% y, aunque el presupuesto de inversiones en la Comunitat Valenciana aumenta 44 millones de euros, hasta 1.208 -un 3,7% más que en 2021-, el porcentaje baja al 9,3% al haberse aumentado el presupuesto total territorializado un 7,27%.
Para alcanzar el 10,6% el Gobierno debería haber presupuestado 170 millones más, algo que no parecía fácil por falta de proyectos ejecutables en 2022, ya que para incluir obras en los PGE su tramitación -informes medioambientales, proyectos, expropiaciones...- debe estar muy avanzada.
Según consta en el informe económico financiero que acompaña al proyecto de PGE para 2022, presentados este miércoles por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el reparto está encabezado por Cataluña, que recibirá 2.430,74 millones de euros (17,2%), seguida de Andalucía, 2.267,07 millones (17,4%). La tercera es la Comunitat Valenciana, a la que sigue Madrid, con 1.151,46 millones de euros y un porcentaje del 8,9%.
A continuación se sitúa Galicia, con 1.074,72 millones y el 8,3 por ciento; Castilla y León, en sexto lugar en la distribución territorializada de las inversiones reales en las cuentas de 2022 con una cantidad inferior ya a los 1.000 millones (997,44 millones de euros y 7,7%); y seguida de lejos por la Región de Murcia, en séptimo lugar, con 723,21 millones y el 5,6 por ciento.
Tras estas regiones, se colocan Castilla-La Mancha (536,71 millones); Aragón (522,66 millones); Euskadi (489,56 millones); Extremadura (405,78 millones); Asturias (393,06 millones); Canarias (362,40 millones); Cantabria (239,33 millones); Baleares (172,35 millones); Navarra (77,08 millones) y La Rioja (63,22 millones). Por último, las ciudades de Ceuta y Melilla recibirán 31,85 (0,2 por ciento) y 59,96 (0,5 por ciento) millones de euros.
Con una inversión territorializada de 13.007 millones, un 7,27% más que este año, la mayoría de comunidades autónomas han mejorado su posición en la inversión respecto al proyecto de presupuestos que Montero entregó el año pasado en el Congreso de los Diputados, según se desprende del apartado de distribución territorial de la inversión real de estas cuentas públicas.
El País Vasco, Extremadura y Baleares son las únicas CCAA en las que disminuye la inversión respecto al proyecto de PGE del año pasado. No obstante, las cifras del País Vasco son provisionales en mayor medida que las del resto de autonomías porque en el trámite de enmiendas el PNV suele rebañar algunas inversiones más.
