El Gobierno no prevé antes de 2021 convenios con las CCAA para gestionar el ingreso mínimo vital

VALÈNCIA. (EP) El Gobierno no prevé estudiar antes de 2021 convenios con las comunidades autónomas para gestionar el ingreso mínimo vital (IVM), según se desprende del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, publicado este lunes 1 de junio en el Boletín Oficial del Estado (BOE), y que entra hoy en vigor.

Concretamente, la disposición adicional cuarta del Decreto contempla el estudio por parte del Gobierno de la celebración de convenios con comunidades autónomas que contemplen fórmulas de gestión de la prestación.

Así, señala que, sin perjuicio de los mecanismos de colaboración previstos, el Gobierno estudiará a partir de 2021 la celebración de convenios con comunidades autónomas que contemplen fórmulas de gestión de la prestación del ingreso mínimo vital.

Los presidentes de Andalucía, Galicia, Castilla y León, Comunitat Valenciana, Aragón y Cantabria reclamaron este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sus respectivas comunidades autónomas puedan administrar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), después de que el Ejecutivo central pactase con el PNV traspasar la gestión de esta prestación al País Vasco y a Navarra. También lo quiere Cataluña, según las declaraciones que ha su vicepresidente, Pere Aragonés.

Fue durante la duodécima videoconferencia que mantuvo el jefe del Ejecutivo este domingo con los presidentes de las comunidades, según explicaron fuentes autonómicas durante la reunión o bien detallaron después los dirigentes regionales en rueda de prensa.

Por el contrario, la Disposición Adicional Quinta del Decreto sí establece que, en razón de la especificidad que supone la existencia de haciendas forales, las comunidades autónomas de régimen foral -País Vasco y Navarra- asumirán con referencia a su ámbito territorial, las funciones y servicios correspondientes que en este real decreto-ley se atribuyen al Instituto Nacional de la Seguridad Social en relación con esta la prestación económica en los términos que se acuerde antes del 31 de octubre de 2020.

Asimismo, añade que, en tanto no se produzca la asunción de estas funciones y servicios, se acordará mediante convenio a suscribir entre los órganos competentes del Estado y de la comunidad autónoma interesada, una encomienda de gestión para realizar las actuaciones que se prevean en el mismo en relación con la prestación económica del ingreso mínimo vital y que permitan la atención integral de sus beneficiarios en el País Vasco y Navarra.

El Ingreso mínimo vital, que entra este lunes en vigor, podrá solicitarse a partir del próximo 15 de junio de 2020 y si la solicitud se presenta hasta septiembre, los efectos económicos serán retroactivos al 1 de junio de 2020. Esta prestación beneficiará a 850.000 hogares en situación de vulnerabilidad y llegará de oficio, es decir, sin que lo soliciten, a 100.000 de ellos a finales de este mes de junio. Además un 16% de los beneficiarios serán hogares monoparentales (en un 90% encabezados por una mujer).