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Oltra celebra que se tenga en cuenta el criterio poblacional

El Gobierno plantea que la Comunitat reciba 20 millones del fondo social del IRPF en 2021

6/05/2020 - 

VALÈNCIA (EP) El Gobierno plantea que la Comunitat Valenciana reciba en el ejercicio de 2021 un total de 20,6 millones de euros para combatir la pobreza y la exclusión social en el reparto de fondos a cargo del 0,7 por ciento del IRPF por parte del Estado, según han informado fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas,

La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha celebrado que se haya tenido en cuenta el criterio de población en el reparto de esos fondos, una cantidad comunicada por el secretario de Estado de Derechos Sociales, que aún debe ser votada y aprobada en una reunión formal del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia. Además, también se han contemplado demandas como atender criterios de renta per cápita, donde la Comunitat está por debajo de la media estatal.

Así, la Comunitat Valenciana dispondrá el año que viene de 20,6 millones de euros para financiar programas de interés social dirigidas a la atención de la pobreza y la exclusión social. El importe procede de la llamada 'X Solidaria' de la declaración de la renta, con cargo al 0,7% del IRPF. Se trata de un aumento del 14% respecto al actual ejercicio, 2,56 millones más.

Así consta en la información que ha trasladado el secretario de Estado de Derechos Sociales durante el encuentro de este miércoles con las comunidades autónomas, en el que también se ha tratado la flexibilización de los criterios de justificación de las subvenciones por parte de las entidades, con motivo de la dificultad de realización de algunos programas de atención social a raíz de la pandemia de Covid-19, han señalado fuentes de Igualdad.

Por otro lado, el Gobierno central ha explicado que este año tendrá 84 millones para gestionar en programas de atención directa sobre la pobreza y la exclusión social gracias a lo que se queda de la recaudación del 0,7% del IRPF y el 0,7% del Impuesto de Sociedades. El documento de trabajo del Gobierno contempla la posibilidad de quedarse de manera excepcional por motivo de la Covid con la parte que le corresponde del total de la recaudación del IRPF.

La vicepresidenta ha cuestionado esta posibilidad porque, según ha dicho, "tenemos la experiencia en la Comunitat Valenciana de que todo lo que se empieza como excepcional se acaba convirtiendo en statu quo" y, por ello, ha propuesto reducir lo que recibe del IRPF durante tres ejercicios. "Si el Estado se queda todo el 0,7% del Impuesto de Sociedades, que destine todo el 0,7% del IRPF a las comunidades, que somos las responsables de la atención directa en servicios sociales", ha declarado.

Otro de los puntos de la reunión propuesto por el secretario de Estado ha sido la desescalada en los servicios sociales, en especial en las residencias de personas mayores. Sobre esta cuestión, y de acuerdo con lo expresado por otras comunidades, debe dejarse para la Fase 3 "dada la vulnerabilidad de un sector tan afectado por la pandemia".

Ingreso mínimo vital

Por otro lado, en el orden del día de la reunión también se ha tratado el proyecto de Ingreso Mínimo Vital, sobre el que la vicepresidenta ha expuesto que si se quiere aplicar cuanto antes y al máximo número de personas, debe articularse a través de las herramientas que ya disponen la comunidades autónomas, que en el caso de la Comunitat Valenciana es la Renta Valenciana de Inclusión.

Según ha explicado Oltra, el objetivo de esta prestación debe ser que las familias empobrecidas "puedan realizar procesos de inclusión para lograr un proyecto de vida independiente". Por ello, ha propuesto que el Gobierno transfiera una cuantía mínima por persona o unidad de convivencia a las autonomías, "que tendrán además la capacidad de aumentar y asumir un aumento de esta cantidad, como ya está en disposición de hacer la Conselleria de Igualdad a través de la Renta Valenciana de Inclusión".

Una aplicación directa de la Renta Mínima Vital por parte de la Administración General del Estado, ha advertido Oltra, "va a generar inseguridad jurídica especialmente en los periodos de transición de concesión de las ayudas estatales y autonómicas".

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