VALÈNCIA. El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, anunció este jueves en el Senado que tiene intención de reformar el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) para que se establezca la obligatoriedad de las administraciones públicas de cubrir en un plazo máximo de tres años las plazas ocupadas por personas sin contrato fijo. Una advertencia que, a pesar de que por el momento solo es eso, un anuncio, porque sobre el papel todavía no hay negro sobre blanco, supondrá una fuerte sacudida sobre la plantilla de la Administración de la Generalitat Valenciana.
Tanto, que en el Gobierno valenciano dan por hecho que sería imposible acometer tal cambio en ese poco plazo de tiempo. No en vano, en la Generalitat trabajan actualmente 24.868 interinos, según el último informe de fiscalización de gastos de personal de la Administración de valenciana de diciembre de 2019. Una cifra que representa casi el 18% del total de la plantilla de la Generalitat -esto es, que sumando no solo a los funcionarios, sino también a los empleados estatutarios fijos, temporales y los laborales fijos y laborales-, pero que aumenta al 32% si el cálculo se realiza únicamente teniendo en cuenta al personal funcionario.
Una alta tasa de temporalidad a la que el Gobierno central quiere poner punto y final y que pone fecha de caducidad, por tanto, a más de 24.000 interinos en la autonomía. "El objetivo es desarrollar medidas objetivas para prevenir y sancionar el abuso y fraude en la temporalidad, que se ponga el énfasis en su excepcionalidad y se delimite su duración máxima", explicó Iceta.
El ministro expuso en su comparecencia de este jueves que la temporalidad es un problema que alcanza al conjunto de las administraciones, pero que en la Administración General del Estado (AGE) es menor que en otros ámbitos, ya que ronda el 8%, mientras que en la administración autonómica supera el 30% -como ocurre en la valenciana- y se concentra en salud y educación, y en los ayuntamientos es del 13%.
En este sentido, cabe apuntar que según datos ofrecidos por la Conselleria de Justicia y Función Pública que dirige Gabriela Bravo, el número de interinos que tiene la Generalitat, sin contar con los de educación y sanidad, era de 8.740 en marzo de este año. Por lo que alcanzar la cifra de 24.868 que recoge el informe de la Sindicatura de Comptes de diciembre de 2019, implica que cerca del 66% representarían a estos dos sectores, el sanitario y el educativo.
Sin embargo, una actualización de datos más reciente que maneja el sindicato CSIF sitúa la tasa de interinos en educación en torno al 20% de la plantilla, lo que supone cerca de 12.000 docentes, mientras que en sanidad el porcentaje sería del 15%, con alrededor de 9.000 interinos. Estos 21.000 interinos, junto a los restantes 8.470 del resto de ámbitos de la Administración, sumarían en torno a 30.000 trabajadores temporales.
"Cierta temporalidad es aceptable e incluso necesaria en algunas circunstancias, pero si una persona realiza una tarea en la Administración que es permanente, lo normal es que la realice con un contrato fijo y no desde una temporalidad que precariza el empleo y que le hace difícil que se plantee su futuro", subrayó Iceta para defender este cambio legal que su cartera abordará en los próximos meses. Una modificación para la que el ministro espera haber alcanzado un acuerdo con las comunidades autónomas, entidades locales y los sindicatos antes de verano.
Respecto a la estabilización de los puestos de trabajo, Iceta también señaló que se realizará un nuevo proceso: "Vamos a intentar hacer las cosas bien y mantenemos ese criterio de que la tasa de temporalidad no exceda el 8% en el conjunto de las administraciones", sostuvo.
Apenas unos minutos después de conocer la noticia, el presidente de CSIF, Miguel Borra, reclamó una reunión con el ministro para "conocer de primera mano" esta propuesta anunciada en el Senado. "Hay que reparar los perjuicios ocasionados a las personas interinas en fraude de Ley, con seguridad jurídica, y darles una solución. Tenemos que mejorar nuestras leyes en línea con las directivas europeas, ofreciendo seguridad jurídica y certeza para evitar el abuso en la contratación temporal", advirtió Borra.