BRUSELAS. Los ciudadanos ya no sentirán tan confinados a partir de hoy. Al menos, podrán cambiar de compañía telefónica, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE) tras una denuncia ante la Comisión Europea de la eurodiputada de JxCat-Lliures per Europa, Clara Ponsatí.
El Gobierno rectifica así la prohibición de la portabilidad en telefonía móvil que impedía a los ciudadanos elegir otra compañía durante el periodo que durara el Estado de Alarma, según figuraba en el Decreto y se nos comunicaba a los consumidores en las páginas web telefónicas.
La denuncia de Ponsatí ante la Comisión explicaba que el Decreto de medidas de emergencia contra el COVID-19 suspendía la portabilidad de las líneas de teléfono, arguyendo que “podía suponer un incremento en la necesidad de los usuarios de ir en persona a la tienda o de los técnicos a las casas para la instalación del servicio”.
Ponsatí explica en su denuncia, prestada por escrito a la Comisión, que la portabilidad, en la mayoría de los casos, no se realiza en persona sino telefónicamente o a través de la página web y que la tarjeta SIM y los ruters suelen ser enviados por correo a casa del usuario. Es más, añade la eurodiputada, en estos momentos no se conoce que ningún otro país haya tomado estas medidas restrictivas en este campo.
A partir del miércoles 1 de abril, ya no aparece en las página webs de las compañías telefónicas el anuncio con el Decreto del Estado de Alarma impidiendo la portabilidad del numero y sólo se ofrecían las ofertas adquiriendo un nuevo número.
La rectificación llega quince días después de que la eurodiputada y ex consellera Clara Ponsatí denunciara ante la Comisión Europea que las disposiciones del Estado de Alarma español perjudicaban a las empresas más pequeñas del sector.
De este modo, el gobierno español ha modificado, a través del BOE (página 14), las disposiciones aprobadas el 18 de marzo que prohibían la portabilidad de telefonía móvil. En el texto se reconoce que estos trámites pueden hacerse telemáticamente y no requieren un desplazamiento de los trabajadores.
A raíz de las críticas de Parlem y otras compañías del sector, la eurodiputada Clara Ponsatí presentó una pregunta escrita a la Comisión Europea denunciando que las disposiciones del 18 de marzo suponían una “violación de la libre competencia y una violación de la legislación europea sobre telecomunicaciones”. En concreto, Ponsatí preguntaba a la Comisión si el Decreto era compatible con la Directiva europea que asegura la portabilidad en el menos tiempo posible.
Ahora, “el gobierno español ha rectificado y la portabilidad en telefonía móvil volverá a ser posible con toda normalidad en cumplimiento de la legislación europea”, explica la nota de prensa de JxCat. Cabe recordar que en los primeros meses de este año, las tres grandes compañías del sector habían perdido 250.000 clientes de telefonía móvil, mientras que las pequeñas compañías habían ganado 140.000 usuarios. “Esta rectificación supone una victoria para los consumidores y para la libre competencia en el mercado de las telecomunicaciones”, finaliza la nota.