El Gobierno redobla la presión al PP para que apoye la prórroga: "Es el estado de alarma o el caos"

VALÈNCIA (EP) El Gobierno ha elevado este lunes la presión hacia el PP, al que exige que vote a favor del mantenimiento del estado de alarma, cuya prórroga hasta el próximo 23 de mayo debe autorizar este miércoles el Congreso de los Diputados. El Ejecutivo arguye que la ampliación del estado de alarma es "imprescindible" en toda la fase de 'desescalada' y alerta de que prescindir del instrumento que permite limitar la movilidad de la población y amparar a los perjudicados por la restricciones a la actividad económica conduciría a un "caos" sanitario y económico.

Minutos después de la conversación de una hora que han mantenido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Pablo Casado, _la primera en 14 días_, el dirigente 'popular' ha comunicado que su grupo no apoyará esta vez la prórroga del estado de alarma, según ha revelado el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en una rueda de prensa conjunta con el titular de Sanidad, Salvador Illa, desde el Palacio de La Moncloa.

Según Ábalos, Casado no ha planteado un plan alternativo al estado de alarma que cuente "con la suficiente fuerza como para cuestionar un derecho tan básico como la libre circulación" de personas. Sánchez ha advertido a Casado de que esa actitud puede llevar a España al "caos sanitario y económico", en palabras del titular de Transportes, una de las autoridades competentes delegadas bajo el estado de alarma.

Pese a que otras formaciones como ERC, que gobierna en Cataluña en coalición con Junts per Catalunya, se han abstenido en todas las votaciones en el Congreso que han prorrogado la alarma hasta el 9 de mayo, los ministros Ábalos e Illa sólo han dirigido su presión hacia el PP, bajo el argumento de que gobiernan varias Comunidades Autónomas que necesitan del estado de alarma para mantener a raya el virus, al que "no hay que perderle el miedo", en palabras del titular de Sanidad.

"Desentenderse es tanto como condenarnos al caos", ha advertido Ábalos al PP, al que pide que no se deje arrastrar por la estrategia de Vox, que optó desde el principio por votar en contra del estado de alarma porque sabía que su apoyo no era imprescindible. "Si confían en que salga adelante (la nueva prórroga) por apoyo de otros grupos, es que han elegido situarse en el ámbito de la irresponsabilidad", ha avisado el ministro.

Otras formaciones que "sólo predican el fin de todo" pueden permitirse esa actitud, pero no el PP, ha subrayado el ministro, "porque ya está gestionando la pandemia" en aquellas comunidades en las que gobierna al mantener intactas, según el Ejecutivo, las competencias en gestión sanitaria.

Illa se ha centrado en hacer una defensa cerrada de la figura del estado de alarma para hacer frente a la actual situación. En su opinión, mantener su vigencia se vuelve "imprescindible" en la "compleja" y recién iniciada fase de transición a la llamada 'nueva normalidad', donde el Estado ha de estar capacitado para poder reaccionar con rapidez ante eventuales rebrotes de la enfermedad.

El ministro ha subrayado la eficacia que han demostrado las medidas desplegadas bajo el estado de alarma y que han permitido pasar de una tasa de crecimiento de nuevos contagios del 35 al 0,16 por ciento desde el pasado 14 de marzo. Además, en opinión del Ejecutivo, el estado de alarma cuenta también con un alto respaldo ciudadano. Y si ha funcionado, "mejor no hacer experimentos que pueden llevar al caos", argumenta.

Illa no ha sido capaz de calcular hasta cuándo será necesario mantener el estado de alarma más allá de vincularlo a la evolución de los datos de la epidemia, que serán los que indiquen cuando no será necesario seguir restringiendo los movimientos de las personas.

Frente a la petición que hace el PP de desvincular el estado de alarma del pago de la prestación de los ERTES y la liquidez a pymes y autónomos, Ábalos ha justificado su conexión señalando que el marco de protección jurídica que ofrece está fundamentada en la causa de fuerza mayor que obliga a ciertos sectores a parar o limitar su actividad comercial.

"Si el Estado le está diciendo al ciudadano que no puede trabajar, tendrá que compensarle", ha razonado, al tiempo que ha subrayado que esta causa de fuerza mayor -y por tanto las razones que justifican un ERTE- decaerá en el momento en que se levanten las restricciones.