Mónica García, ministra de Sanidad. Foto: Gustavo Valiente / Europa PressVALÈNCIA. El Gobierno replanteará la compensación del gasto sanitario entre autonomías tras realizar cambios en la ley que regula el sistema. Más conocido como el Fondo de Garantía Asistencial (FOGA), la Comunitat Valenciana lleva años reclamando la deuda por la atención a los ciudadanos de otras autonomías. El último importe conocido corresponde a finales de 2023, cuando el conseller Marciano Gómez solicitaba al Estado 843,3 millones de euros, acumulados desde 2012, cuando se creó dicho vehículo.
Puesto en marcha mediante el real decreto ley 16/2012, este organismo debería compensar el gasto que ciudadanos de otras autonomías generan a determinadas comunidades que, debido a su carácter turístico, atienden a una mayor población desplazada de forma temporal, como es el caso de la Comunitat Valenciana. Este hecho provoca un desequilibrio económico entre las comunidades autónomas que se ha de compensar, algo que la Comunitat Valenciana lleva reclamando desde hace años.
Este martes, el Consejo de Ministros aprobaba el anteproyecto de ley para consolidar la equidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud. Una norma que tiene como objetivo principal establecer medidas que garanticen la igualdad en el acceso a la salud y refuercen la cooperación entre las diferentes estructuras sanitarias para abordar los retos actuales y futuros. Un texto que ha servido para retomar el asunto del FOGA, al modificar el real decreto-ley que lo regula.
Desde el Ministerio de Sanidad reconocen que, a pesar del tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del real decreto-ley, el desarrollo reglamentario necesario no se ha producido ante la falta de consenso de las comunidades autónomas con lo contemplado en su artículo 3.5 respecto al importe de las cuantías a liquidar. Por este motivo, lo elimina. Concretamente, el pago por el desplazamiento de corta duración (inferior a un mes), del que recoge su abono siguiendo las tarifas nacionales que se establezcan en concepto de atención sanitaria de atención primaria.
También apunta a desplazamientos de larga duración (igual o superior a un mes), que se abonarían de acuerdo a la cápita mensual utilizada para los cálculos estadísticos de contabilidad sanitaria del sistema de cuentas de salud, con dos posibilidades de aplicación. Ahora, tras eliminar estos dos puntos, se deberá negociar el nuevo reglamento entre las autonomías.
Hasta el momento, solo se ha aplicado la compensación de manera parcial, contabilizando la asistencia de atención primaria y la prestación farmacéutica dispensada mediante receta oficial en las oficinas de farmacia, sin considerar el tiempo del desplazamiento ni otros tipos de asistencia ni de prestación farmacéutica, como la dispensación de medicamentos en centros sanitarios. De hecho, ya se produjeron desacuerdos al respecto, como que no se compensaran los gastos derivados de los ingresos hospitalarios en caso de estancias de corta duración o la atención a urgencias .
La falta de desarrollo también fue denunciada por el Tribunal de Cuentas en el último "informe de fiscalización del sistema de compensación de los gastos por asistencia sanitaria gestionado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Ejercicio 2017”. En el caso de la Comunitat Valenciana, desde 2012 adeuda 23,1 millones de euros por la atención sanitaria en atención primaria, 721,3 millones por asistencias en atención especializada y 98,9 millones de euros por atenciones derivadas previamente de otras comunidades con carácter programado.
Cabe recordar que ni la exministra de Sanidad Carmen Montón, anteriormente consellera de Sanidad, consiguió resolver la cuestión a pesar de que su Gobierno con Ximo Puig al frente reclamó el pertinente importe. "Es una muestra más de la marginación de financiación que los valencianos sufren por parte del Gobierno", señalaba por aquel entonces, cuando la ministra de Sanidad era la popular Dolors Montserrat. "No podemos seguir año tras año en la misma situación, el Gobierno tiene que desarrollar ya los mecanismos para que la atención a los turistas en la Comunitat no suponga un perjuicio para las debilitadas cuentas de la Generalitat", reivindicaba la consellera.
Durante ese tiempo, solo pudo arrancar algunos millones que distaban mucho de las cantidades solicitadas. Durante su estancia como ministra de Pedro Sánchez, no hubo avances. Ahora, el Gobierno de Carlos Mazón tendrá que confiar en que el nuevo reglamento, liderado por la ministra de Sanidad, Mónica García, acabe compensando el gasto sanitario de los desplazados en la Comunitat Valenciana. Mientras, existen otras deudas reclamadas como los 82,7 millones por la asistencia a pacientes extranjeros, ya que los pagos que realizan los terceros países por los cuidados a sus ciudadanos se transfieren a través de la Administración del Estado (Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Ministerio de Sanidad).
