MADRID. (EFE) El Consejo de Ministros ha acordado la resolución del contrato de concesión de la autopista de peaje Circunvalación de Alicante y ha anunciado que en los próximos meses se liquidará el contrato y se determinará la responsabilidad patrimonial de la administración (RPA) asociada a la misma.
El pasado viernes, el Consejo de Ministros resolvió otros seis contratos de concesión (R-2, R-3, R-5, R-4, M-12 Eje Aeropuerto y AP-7 Cartagena Vera) y fijó un plazo de seis meses para calcular la RPA.
Con el acuerdo de este viernes, ya son siete los contratos concesionales de autopistas de peaje con problemas financieros cuya resolución ha sido acordada por el Consejo de ministros.
Todas estas autopistas están siendo actualmente gestionadas por la empresa pública Seittsa como consecuencia de la liquidación de las sociedades concesionarias que las explotaban con anterioridad y que se vieron abocadas al concurso de acreedores.
Con carácter previo al acuerdo de este viernes, se han llevado a cabo los trámites necesarios para la resolución del contrato, como los de audiencia al contratista, informe de la Abogacía del Estado o Dictamen del Consejo de Estado.
Para poder continuar con la prestación del servicio, el Gobierno aprobó hace un año el convenio de gestión directa entre el Ministerio de Fomento y Seittsa que permitía que dicha entidad se hiciera cargo de la explotación de estas autopistas.
En dicho convenio, se autorizaba a la Delegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas Nacionales de Peaje a fijar la fecha del inicio de la explotación por Seittsa, que en el caso de la Circunvalación de Alicante quedó determinada para el 1 de abril.
Fomento ya ha avanzado que es "imposible" cumplir con los plazos que anunció el anterior departamento para volver a licitar, a partir de este mes, las autopistas de peaje en quiebra que han revertido al Estado y ha reconocido que el proceso está en fase demasiado inicial para que se produzcan antes de 2019.
El actual equipo de Fomento también confirma los planes de su antecesor para incluir en este proceso de relicitación a la autopista AP-41, que discurre entre Madrid-Toledo y que está pendiente de que el juez abra la fase de liquidación.
Con todo ello, el objetivo es que esta carretera revierta al Estado y pase a ser gestionada por la empresa pública Seittsa, al igual que ha ocurrido con las otras autopistas en lo que va de año.
