Vertedero de Urbaser, gestor de residuos en Alicante, en una imagen de archivoVALÈNCIA. El nuevo impuesto a los vertidos industriales dispara entre un 320% y un 730% las cuotas en la Comunitat, que serán repercutidas a las empresas que hagan uso de las instalaciones. Así se desprende al comparar los nuevos importes -que entrarán en vigor en 2018 tras ser incorporados a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos a través de una enmienda de Podemos respaldada por PSPV y Compromís-, y los gravámenes aplicables hasta la fecha, vigentes desde el año 2013.
El denominado 'Impuesto Sobre la Eliminación de Residuos en Vertederos' recoge cinco cuotas diferenciadas, y todas ellas serán multiplicadas de forma exponencial en 2018, según recoge la enmienda. La aplicable a los 'Residuos de Construcción y Demolición' (RCDs) pasa de 0,5 euros por metro cúbico a un total de 3 euros, lo que supone un 500% más; el mismo incremento porcentual que para los 'Residuos No Peligrosos susceptibles de Valorización excepto RCDs', que pasan de 5 euros por tonelada a un total de 30 euros.
La mayor de todas las subidas es la de los 'Residuos No Peligrosos No Susceptibles de Valorización excepto RCDs', cuya cuota pasa de 3 euros por tonelada a un total de 25, lo que supone un 730% más. Por su parte, los 'Residuos Peligrosos Susceptibles de Valorización' pasan de un coste de 10 euros por tonelada a un total de 42, un 320% más; y los 'Residuos Peligrosos No Susceptibles de Valorización' pasan de 7 euros a 35, un 400% más. La autoliquidación de estos importes corre a cargo de "el titular de la exploración del vertedero en sustitución del contribuyente, trasladando el coste del tributo íntegramente sobre las personas que realicen el depósito", según recoge el texto original de 2013.
La intención de Podemos con este incremento es la de equiparar las cantidades a las implantadas en otras comunidades autónomas como la catalana. De hecho, el importe de cada supuesto fue elevado en el trámite de negociación con los partidos, en el que se libró de la subida a los vertederos municipales. El objetivo, según la responsable de Medio Ambiente y Agricultura de la formación morada, Beatriz Gascó, es reducir "la importación de residuos" de otras autonomías.
Pero las empresas afectadas consideran que el incremento es "desmedido" y que se ha aplicado "a traición". Fuentes del sector detallan a este diario que la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Cambio Climático comenzó a trabajar en este incremento a mediados de 2017. Se realizó una consulta pública a la que presentó alegaciones la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), que alertó de que la Comunitat, con esta medida, introduciría un desequilibrio en el mercado.
Además, la patronal transmitió al Consell que una subida tan drástica podría provocar la proliferación de vertederos ilegales e invitó a la administración a negociar una subida menor con el visto bueno de las industrias afectadas.
El asunto quedó aparcado, pero a través de Les Corts ha sido recuperado y aprobado en un abrir y cerrar de ojos, sin debate alguno. En este sentido los afectados denuncian una agravio comparativo respecto a otros sectores como el turístico, que ha podido participar en el debate sobre su tasa hasta el punto que ha conseguido evitar su aprobación para 2018.
Al margen del canon sobre la eliminación de residuos en vertederos, la enmienda incorporada a la Ley de Acompañamiento de los presupuestos también ha introducido gravámenes a la incineración, la coincineración y la valorización energética -la incineración de residuos como combustibles-. Como informó este diario, los sectores más afectados por estos nuevos tributos son los del cemento y el azulejo.
Las principales compañías afectadas por el nuevo gravamen serán las cementeras Cemex -en Buñol- y Lafarge -en Sagunto-, a quienes afectará en gran medida por contar con un alto porcentaje de valorización (que supone actualmente entre el 30% y el 40% de su combustible). También afectará a las empresas del sector azulejero que utilicen los denominados CDR (Combustibles Derivados de Residuos).
Fuentes de la actividad cementera trasladaron este jueves a este diario que el sector tampoco fue advertido por parte de los grupos parlamentarios de Les Corts -ni por el Consell- de que se les iba a aplicar este canon en 2018.
En la misma línea, advierten de que la valorización de residuos que realizan responde a las recomendadiones de la Unión Europea, y que si los residuos generados en la Comunitat no se incineraran como combustibles deberían ser destruidos de otro modo o ser depositados en vertederos. En definitiva: sostienen que la Comunitat no está preparada para dejar de valorizar residuos cuando actualmente no posee la infraestructura para hacerles frente de un modo más sostenible.
Además, subrayan que, si el canon eleva el coste de los residuos a valorizar, las firmas del sector recurrirán en mayor medida al coque de petróleo, un combustible más contaminante, de modo que la administración valenciana ni siquiera lograría reducir la contaminación en sus instalaciones.
