VALÈNCIA. La Consellera de Justicia, Gabriela Bravo, ya sabe el coste que ha supuesto para la Generalitat el incendio de la Ciudad de la Justicia de València que mantuvo varios días paralizados los juzgados de la capital. El presupuesto estimado para la contratación de las obras necesarias para la restitución de la normalidad, así como la dotación de nuevos funcionarios en los diferentes juzgados para agilizar los trámites paralizados por el suceso asciende a 2,7 millones de euros.
Una cantidad que han tenido que pagar todos los valencianos porque el edificio carecía de seguro contra incendios. El motivo es que "sale muy caro y no es obligatorio", según palabras de la propia Conselleria de Justicia a Valencia Plaza. "Nosotros no lo tenemos pero la anterior administración (PP) tampoco", aclaró.
Según ha podido saber este periódico, el coste del siniestro se divide en tres partes: la primera, el coste del incendio tal cual; la segunda, la suma de los gastos generales (205.040 euros, el 13%), y en tercer lugar, el coste del beneficio industrial (108.480 euros, el 6%) y del IVA (451.819).
El presupuesto de reparación de daños asciende a 1,8 millones y se divide en 270.000 euros para refuerzo estructural (14,93%), 195.000 de gestión documental (10,79%), 45.000 de demoliciones (2,49%), 150.000 para particiones (8,30%), 160.000 de falso techo y suelo técnico (8,85%), 11.000 de carpintería de madera (0,61%), 240.000 destinados a instalación eléctrica y comunicaciones (13,27%), 160.000 para la climatización (8,85%), 32.000 para un sistema de grabación (1,77%), 15.000 euros en revestimientos (0,83%), 102.000 en equipamiento y mobiliario (5,64%), 320.000 para la limpieza y descontaminación del edificio (17,70%), 13.000 en vidrios (0,72%), 48.000 euros para control de accesos (2,65%), 32.000 euros en gestión de residuos (1,77%), 9.000 en seguridad y salud (0,50%) y 6.000 en control de calidad (0,33%).
A esos casi dos millones hay que sumar las partidas anteriormente mencionadas de gastos generales, beneficio e IVA y, sobre todo, el presupuesto destinado para pagar los sueldos de los más de 40 funcionarios de refuerzo que han sido necesario. El dinero que ha precisado la Conselleria de Justicia para abonar dichos salario han sido 267.357’74 euros, lo que hace un montante de más de 2.700.000 euros que los valencianos tienen que pagar de sus impuestos al carecer la Ciudad de la Justicia de un seguro.
Además de las mejoras obligadas por el fuego, la Conselleria de Justicia pondrá en marcha a partir del mes de febrero una única central de alarma para intrusismo y prevención de incendios. Dicho sistema permitirá que desde la garita de vigilancia de Valencia se tenga acceso por video a todas las sedes judiciales de la Comunitat Valenciana.
También está previsto para este 2018 que se reforme la garita de seguridad de la Ciudad de la Justicia, las sedes de Mercantil y Social, el juzgado de guardia de Violencia Sobre la Mujer que dejará de estar en medio de un pasillo y el cambio de despachos sin luz natural, que actualmente tienen varios fiscales de Valencia.
Pero si hay una novedad que se esperaba, es el cambio de titularidad de las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito, hasta ahora en manos de la fundación Favide. Ahora será la propia Generalitat la que se haga cargo.
Entre las novedades es que casi se duplica la plantilla llegando a los 57 trabajadores, pero sobre todo que se atiende una de las más viejas y reiteradas reivindicaciones de jueces y fiscales, es decir, que las oficinas funcionen de lunes a domingo, no dejando sin atención a las víctimas los fines de semana.
Una disponibilidad que se utilizará en aquello partidos judiciales donde las guardias de jueces y fiscales no sean presenciales. El otro cambio fundamental será la creación de unos protocolos de actuación para los juzgados de instrucción, ya que habitualmente las víctimas que recaen en dichas sedes judiciales no son informadas por los profesionales que allí trabajan del derecho que tienen como tales a ser asistidas por los trabajadores de las oficinas.
Por último, y como gran avance, está el hecho de las reuniones previstas con Guardia Civil, Policía Nacional y hospitales para informarles de la existencia de las oficinas de atención, y cómo y cuándo utilizarlas pues Gabriela Bravo quiere una atención integral desde el minuto cero.