El Instituto Valenciano de Memoria Democrática, inédito dos años después de aprobarse su creación

VALÈNCIA. Dos años después continúa en dique seco. En octubre de 2017, Les Corts Valencianes aprobaron con los votos a favor de PSPV, Compromís y Unides Podem la Ley de Memoria Democrática y para la Convicencia de la Comunitat que impulsó en su día la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo. Una norma que buscaba el restablecimiento de la dignidad, el honor y la reparación moral de los daños causados a las víctimas de la Guerra Civil y el régimen franquista. 

Para ello, la norma establecía que la Generalitat asumiría el coste de exhumación e identificación de las víctimas del franquismo y creaba el Instituto Valenciano de Memoria Democrática. Un órgano que 829 días después de aprobarse su creación, sigue sin actividad, personal, ni nadie que lo dirija. A pesar, eso sí, de que sus estatutos se aprobaron ya hace un año -en enero de 2019- y de que cada año se le ha destinado una partida en los presupuestos autonómicos, si bien esta se ha quedado siempre por ejecutar. 

Cada año, no obstante, la cuantía va menguando, quién sabe si por las expectativas que existe de ponerlo en marcha: de los 428.720 euros que reservó la cartera de Bravo en 2018 para este instituto -el primer año que debía haber comenzado a funcionar-, a los 30.000 con los que contará en 2020 según plasmó en las cuentas de este ejercicio la Conselleria de Participación, Transparencia y Calidad Democrática que ahora dirige Rosa Pérez Garijo, responsable en esta legislatura del citado órgano. 

En este sentido, la ley de Presupuestos de 2020 recoge que estos 30.000 euros se reservan para la "inversión en mobiliario y equipamiento" el Instituto Valenciano de Memoria Democrática, los Derechos Humanos y las Libertades Públicas. Así, según la Conselleria de Pérez Garijo, ahora mismo el departamento está centrado en la búsqueda de una sede óptima en Alicante en la que no tengan que pagar alquiler, dado que será "para toda la vida y la Generalitat tiene patrimonio suficiente". Sin embargo, no confirman si finalmente se emplazará en el Palacio de Justicia de Alicante de Benalúa, antigua cárcel de Benalúa en la que falleció el poeta Miguel Hernández, como propuso el jefe del Consell Ximo Puig en abril de 2019.

Ahora bien, la cifra reservada para este ejercicio pone en cuestión que el ente vaya a contar con personal este año. No en vano, con estos 30.000 euros no se lograría siquiera cubrir la retribución del director que esté al frente del Instituto. 

¿Choque de competencias con una nueva dirección general?

Con estos mimbres, huelga subrayar que con la negociación del nuevo Consell del Botànic II en el que se integraron Podemos y Esquerra Unida -Unides Podem-, la Conselleria de Participación y Transparencia incluyó en su organigrama una nueva Dirección General de Calidad Democrática, Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno. Un área con la que aseguran que no hay choque de competencias pero que actualmente está asumiendo las tareas que tiene encomendadas el Instituto, como por ejemplo la realización del censo de víctimas en la Comunitat Valenciana. 

Una vez se ponga en marcha el inédito ente, sin embargo, fuentes de la Conselleria explican que pasarán a ejecutarse por el Instituto y no la Dirección General, que se dedicará a desarrollar las políticas de Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno.