El IVVSA pagó dos facturas publicitarias sin contrato a la empresa pantalla del PP de València

VALÈNCIA. Las fórmulas recaudatorias del PP de València para la campaña de Rita Barberá de 2007, con las que presuntamente recaudó irregularmente cerca de tres millones de euros, parecen no tener límites. El último informe aportado a la causa conocida como caso Taula, y al que ha tenido acceso Valencia Plaza, ha sido remitido por la actual directora general de la Entidad de Vivienda y Suelo (antiguo IVVSA), Helena Beunza, y en él explica que el que fuera gerente de la empresa durante la época del PP José Fermín Doménech firmó sin autorización de un técnico dos facturas publicitarias por cerca de 50.000 euros a favor de City Marketing Council (CMC), una de las empresas pantalla del grupo Laterne Product Council (LPC), que presuntamente utilizó el PP de València para financiarse irregularmente en las elecciones.

Doménech fue gerente del IVVSA en la etapa como conseller de Territorio y Vivienda de Rafael Blasco, en la que el IVVSA se convirtió en promotor de grandes y polémicos PAIs con grandes constructoras. En 2006, Esteban González Pons creó una fundación a su medida, Fundación para el Medio Ambiente, con grandes empresas de la Comunitat, y lo situó de gerente. Posteriormente fue gerente de la empresa municipal Nous Espais de Torrent, de la que fue destituido en 2009 por la entonces alcaldesa, María José Catalá, debido a irregularidades detectadas en la gestión de viviendas de protección pública.

El informe explica que, además de no tener autorización técnica para firmar los citados contratos, "no tenemos constancia en nuestros archivos de contrato ni de su tramitación". Es decir, que supuestamente salieron casi 50.000 euros del erario que nadie sabe si realmente se utilizaron para lo que se pagaron o pasaron a engordar la caja B del PP de Barberá, pues la única documentación que existe son las dos facturas, una de 30.000 y otra de 20.000 euros, que se le pagaron a CMC.

Las facturas

La primera de las facturas es del 15 de marzo de 2006, un año y dos meses antes de las elecciones, por un importe de 29.928 euros. El concepto de la misma es "argumentario de apoyo para los interlocutores del IVVSA con los medios de comunicación y planificación gestión y compra para un monográfico con extensión de cuatro páginas en el periódico gratuito Metro". La otra factura es por 19.720 euros para "planificación gestión y compra del espacio publicitario para un publirreportaje bajo el formato de falsa portada en Mini Diario".

CMC, filial de Laterne, transfirió en 2007 más de 620.000 euros a Laterne que se utilizaron para pagar la campaña de Barberá. Estas son las primeras facturas que empiezan a arrojar luz sobre cuál era la procedencia de dicho dinero, ya que en los papeles que este periódico entregó a la Fiscalía Anticorrupción, y que demostrarían el 'dopaje' electoral, no estaba especificada la procedencia del dinero, simplemente las cantidades que se transferían de unas empresas a otras.

Estas facturas, que salen ahora a la luz vuelven a poner de manifiesto que son fundadas las sospechas de que se utilizó dinero público para financiar en B la campaña de Rita Barberá. Es por ello, que el que fuera mano derecha de la alcaldesa, Alfonso Grau, permanece como imputado tanto por delito electoral como por malversación de caudales públicos.

Las facturas de LPC que se entregaron a Anticorrupción suponen unas pruebas que evidenciarían que la exalcaldesa de València afrontó la campaña y precampaña de 2007 con un presupuesto de algo más de tres millones de euros. Tres millones que abonó la empresa Laterne a los proveedores de los actos y soportes publicitarios pese a que el Grupo Municipal declaró que solo se había gastado 150.000 euros –20 veces menos– a través de Laterne, la empresa que llevó la campaña.

Tras esa costosa campaña, Rita Barberá fue reelegida con el mejor resultado de sus siete comicios municipales entre 1991 y 2015, tanto en porcentaje de apoyos como en número de concejales. La 'alcaldesa de España' obtuvo un respaldo del 56,67% con 235.158 votos y logró 21 ediles de los 33 que forman el pleno del Cap i Casal.

Por otro lado, el fiscal del caso se ha opuesto a que se vuelva a dividir la causa separando así el blanqueo del delito electoral, tal y como han solicitado varias defensas, entre ellas la de la concejal Beatriz Simón. El fiscal explica en un escrito que "resulta claro que la fragmentación no resulta eficaz a la vista de la investigación efectuada" y añade que "lo que propone la defensa no produciría agilización, sino más bien lo contrario".