El juez abre una pieza separada en la investigación al concejal Galiana

VALÈNCIA. El juez que investiga la actuación del concejal de Comercio y de Relaciones con los Medios del Ayuntamiento de València, Carlos Galiana, por un presunto fraccionamiento de contratos ha abierto una pieza separada sobre este mismo caso tras haber recibido una ampliación de la denuncia. Galiana está citado a declarar en calidad de investigado este lunes, 10 de septiembre, por la primera denuncia, y según la resolución del magistrado, deberá hacerlo también por esta segunda pieza.

Galiana fue denunciado por un presunto fraccionamiento de contratos relativos a la prestación del servicio de comunicación en redes sociales y gestión de la web de la Concejalía de Comercio. El denunciante es Luis Salom, asesor del Grupo Popular en el Ayuntamiento, que ha presentado en el último año numerosas denuncias contra concejales del Govern de la Nau -formado por Compromís, PSPV y València en Comú-, incluido el alcalde, Joan Ribó.

La ampliación de la denuncia incluye nuevos contratos que según Salom fueron fraccionados para evitar la convocatoria de un concurso. 

La denuncia original

En la primera denuncia se exponía un posible fraccionamiento de contratos adjudicados por la Concejalía. El denunciante explicaba que se adjudicó un contrato mediante procedimiento negociado sin publicidad a una empresa para que se encargara de la "asistencia técnica para la gestión, mantenimiento, actualización y seguimiento de los perfiles institucionales del Ayuntamiento de València".

En concreto, el escrito señala que el 29 de septiembre de 2016 el concejal de Relaciones con los Medios ofreció, mediante una moción, un contrato para este fin por un importe de licitación inicial de 29.500 euros más IVA (35.695 euros), una cifra que seis días después aumentó hasta los 32.900 euros más IVA (47.432 euros). El contrato ofertado era de un año, pero contemplaba una prórroga de seis meses por la que el valor estimado del contrato ascendía a 58.800 euros más IVA (71.148 euros).

A esta oferta se invitó a tres empresas, pero "no consta en el expediente administrativo el acuse de recibo de dos de las tres empresas invitadas, constando únicamente el de la firma que resultó ser finalmente la adjudicataria, según indica la denuncia, que puntualiza también que esta posible adjudicación sí se publicó en el anuncio en el Perfil del Contratante del Ayuntamiento. Sin embargo, no se presentó ninguna otra mercantil.

Finalmente, el contrato se adjudicó el 23 de febrero de 2017 con una baja ofertada por la empresa del 10%, 35.280 euros más IVA (42.688 euros). Incluida la prórroga, el importe ascendía a 52.929 euros más IVA (64.033 euros).