José Vicente González, en la última asamblea de Cierval. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El juicio por la demanda de nulidad de los despidos en la extinta patronal autonómica Cierval se retrasa. El titular del juzgado de lo Social 2 de València ha aceptado la petición de la organización empresarial para aplazar el juicio, que estaba señalado para el 9 de enero, y ha fijado una nueva vista para julio.
Según explican fuentes de la patronal, el aplazamiento se solicitó con el objetivo de poder contar con más tiempo para aportar toda la documentación solicitada por las exempleadas de la organización, que fue liquidada el pasado verano al no poder frente a la deuda heredada de sus fundadoras, en particular de la alicantina Coepa.
Las cuatro extrabajadoras piden la nulidad del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que la patronal aplicó tras quedar abocada a la quiebra. A su juicio, existe una sucesión de empresa entre Cierval y la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), que ha modificado sus estatutos para ampliar su ámbito territorial y tomar el relevo de la primera.
La demanda por el despido colectivo se dirige contra Cierval y sus tres entidades fundadoras: la propia CEV, la alicantina Coepa y la castellonense CEC. Las exempleadas reclaman la incorporación a la CEV o el cobro de la indemnización por despido improcedente.
El juez señaló inicialmente la vista para enero después de que Cierval no acudiera al acto de conciliación previa celebrado el pasado mes de julio.
El despido de todos los trabajadores de Cierval se hizo efectivo en mayo, una vez decarado por el juzgado de lo Mercantil 3 de Valencia el proceso de liquidación exprés de la patronal sin ni siquiera nombrar a un administrador concursal por su insuficiencia de bienes para afrontar las deudas. Cierval planteó que la extinción de la sociedad justificaba la aplicación de un ERE por causas objetivas.
El principal argumento al que se aferran las cuatro extrabajadoras para defender sus derechos es la sucesión de empresas de Cierval a la CEV, un elemento que de estimarse puede influir en el futuro de la patronal valenciana, ya que esta tendría que subrogarse "la posición de empresario" ante las trabajadoras.
Para justificarlo, recuerdan los vínculos que existen entre Cierval y las tres organizaciones provinciales, que son miembros fundadores de la autonómica y ostentan el "control directo" sobre ella. Destacan que entre las tres provinciales y Cierval existía una "prestación de trabajo indistinta" y que tras el cierre de Cierval fue la CEV quien ocupó su lugar en los órganos de participación institucional.
Además, recuerdan la existencia de una caja única y confusión patrimonial. Como ejemplo, aseguran que en varias ocasiones en las que Cierval no ha podido pagar sus nóminas ha sido la CEV quien se ha hecho cargo, mientras que Cierval ha respondido de los reintegros a la administración producidos por la incorrecta justificación de las subvenciones por parte de las entidades fundadoras.
"A consecuencia de la incorrecta gestión y justificación se han derivado procedimientos administrativos y penales frente a Cierval que han terminado por provocar su colapso financiero y el concurso de acreedores al tener que asumir las deudas de las tres organizaciones provinciales con sus propios fondos, sin que haya constancia de que Cierval haya efectuado la oportuna reclamación a las provinciales para reponer esos fondos", destacan las demandantes.
Además, plantearon la improcedencia del ERE por no haberse respetado el preaviso de 15 días "ya que las cartas de despido tienen fecha de efectos el mismo día de la carta".
A pesar del aplazamiento en la celebración del juicio por los despidos, la CEV no esperará otros seis meses para comenzar a utilizar la sede de Cierval, que permanece cerrada desde la liquidación.
El edificio que ocupaba la organización presidida por José Vicente González, ubicado en la calle Hernán Cortés de València, estaba cedido por la CEV. Tras la extinción, la patronal que preside Salvador Navarro recuperará el derecho de uso para ponerlo a disposición de sus federaciones y empresas asociadas, ya que su sede se mantendrá en la ubicación actual en la plaza Conde de Carlet de la capital.
El inmueble en el que tenía su sede Cierval forma parte del patrimonio sindical acumulado –bienes propiedad del Estado cedidos a sindicatos de trabajadores y organizaciones empresariales–, lo que implica que la patronal no puede venderlo ni alquilarlo.
