El juez archiva la denuncia de Ciudadanos contra Ribó, su cuñado, Grezzi y el secretario de la EMT

VALÈNCIA. No tendrá seguimiento judicial la denuncia interpuesta por Ciudadanos por posible tráfico de influencias en la contratación del que fuera secretario de la EMT de València, Salvador Martínez Tarín, por sus vinculaciones empresariales y laborales con el cuñado del alcalde Joan Ribó, el letrado Daniel Pérez.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha decretado el archivo provisional de las diligencias previas por "no resultar debidamente justificada la perpetración de delito". Según el juez Vicente Ríos, "la denuncia, en fin, tan sólo se apoya en meras conjeturas" que resultan "por completo insuficientes" para abrir un procedimiento penal.

El grupo municipal de Ciudadanos había denunciado en los juzgados que Martínez Tarín, contratado como secretario de la EMT tras la llegada del gobierno de izquierdas en 2015, tenía vinculaciones empresariales con el cuñado del alcalde y que, en su nuevo contrato de 2019, la empresa municipal iba a pagar directamente al despacho de abogados del familiar de Ribó por los servicios del secretario. La denuncia era, concretamente, contra el alcalde, Joan Ribó, el ya dimitido secretario de la EMT, Salvador Martínez Tarín, el cuñado del alcalde, Daniel Pérez, y el presidente de la empresa municipal y edil de Movilidad, Giuseppe Grezzi.

No obstante, el auto de incoación al que ha tenido acceso este diario es tajante al determinar que resulta "penalmente irrelevante" tanto la relación entre ambos letrados -fueron socios fundadores y participan del despacho Abastos Abogados-, como que el secretario fuera a facturar mediante esta empresa. También merece este calificativo, para el magistrado, que Daniel Pérez "sea o no" cuñado de Joan Ribó.

En este sentido, el auto incide en que sólo Martínez Tarín ha prestado servicios a la firma municipal que dirige el edil de Compromís Giuseppe Grezzi, y que el letrado "se halla perfectamente legitimado para facturar los mismos a través de una Sociedad Profesional de Abogacía de la que forme parte".

"No se alcanza a entender", subraya, "cómo puede atribuirse sin más" a Ribó "intervención alguna en los presentes hechos", dado que ni es presidente de la empresa municipal, ni firmó el contrato con el secretario, ni tiene relación con él -"que se haya puesto de manifiesto"-. Es por ello que no consta "la menor participación" del alcalde.

Tampoco se entiende, según el auto, que el familiar de Ribó tenga ningún tipo de responsabilidad dado que esta relación "no permite concluir que todo aquello relacionado con su actividad profesional pueda hallarse bajo sospecha". En otras palabras, el juez entiende que no cabe imputar a nadie por el mero hecho de ser familiar de un cargo público. Y es que, subraya, "lo cierto es que nada más que sospechas se vierten sobre su persona, pero no ningún hecho" relevante a nivel penal.

Por su parte, Grezzi tampoco incurre en ninguna irregularidad al contratar a Martínez Tarín como secretario de la EMT, porque esta operación "entra dentro de sus facultades". El secretario fue contratado por la firma municipal en 2015, pero en 2019 se le incrementaron los honorarios de los 600 euros mensuales a los 3.000 mensuales. Algo que tampoco es relevante porque "todas las partes pueden libremente acordar libremente el importe de los honorarios a percibir por profesional".

"El denunciante -concluye el auto- no ha descrito un solo hecho atribuible a los denunciados más allá de sospechas infundadas y desde luego no contrastadas" que puedan derivar en tráfico de influencias. Para el magistrado, los hechos, en definitiva, "carecen de toda relevancia penal".