El juez autoriza a la Guardia Civil a utilizar los coches de Rus para la lucha contra el crimen

VALENCIA. Los coches del principal imputado en la Operación Taula, el expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus, están sirviendo para luchar contra la corrupción en España. El magistrado instructor del también llamado caso Imelsa ha aceptado la petición del fiscal Anticorrupción y ha entregado los coches de la mujer e hija de Rus, de forma temporal, a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para su "misión de investigación y represión de la delincuencia organizada".

Los vehículos que ahora sirven para perseguir corruptos son un Mercedes Benz, en el que la UCO encontró cerca de 1.500 euros en uno de los laterales, y un Range Rover. El primero a nombre de la mujer de Alfonso Rus, y el segundo a nombre de su hija, y ambos vinculados a las empresas de éstas Russini Quality y Albeba Sl.

En un auto al que ha tenido acceso Valencia Plaza, el juez dice que "la utilización provisional puede acordarse sin perjuicio de lo que se resuelva en su caso, cuando se alce el secreto (ya ha sucedido), y el interesado pueda ejercitar con pleno conocimiento los recursos pertinentes contra dicha resolución".

Eso sí, el magistrado les recuerda a los miembros de la UCO que, el uso de los dos coches "se realizará bajo su responsabilidad, con las debidas garantías de conservación, en la función legalmente encomendada de investigación y represión de la delincuencia organizada".

Explica el juez que la decisión se adopta porque "se considera de modo especial la utilidad pública que cabe atribuir a la función y cometido de la unidad policial solicitante en su labor investigadora de la delincuencia económica y organizada, y de modo específico en la utilidad compensadora que la facilitación provisional de medios a la unidad supone, atendiendo al efecto y consecuencias lesivas del delito de malversación investigado, consecuencias que implican detracción de potencialidades económicas del Estado y perjuicio al erario público".

Con este auto, el instructor resuelve las discrepancias que había entre los letrados de Alfonso Rus, que sostenían que sin la autorización judicial los agentes no podían utilizar los vehículos, y los miembros de la Unidad Central Operativa y el fiscal, que habían solicitado que se les permitiera su uso temporal para su trabajo diario de lucha contra la corrupción en España.

Los abogados de Rus decían que los coches eran de la mujer e hija y no de Rus, pero el magistrado les responde en su auto que "se ha tomado en consideración que no existen bienes inmuebles ni otros bienes a su nombre", pero que sí que hay sociedades y bienes a nombre de su mujer, su hija y otras personas de su entorno por lo que "su decomiso viene amparado en lo dispuesto en el Código Penal".