El juez de la ‘Operación Taula’ da el primer paso para imputar a Miquel Domínguez

VALENCIA. El magistrado instructor de la Operación Taula ha enviado un escrito a Les Corts para que acrediten la condición de aforado del exconcejal de Valencia y diputado en Les Corts Miquel Domínguez. Este es el primer paso del juez antes de solicitar formalmente, vía auto motivado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), que investiguen a Domínguez por un delito de blanqueo de capitales. 

Al ser aforado, el TSJCV es el tribunal competente para instruir una causa contra él. Esto será así salvo que renuncie a su acta de diputado, en cuyo caso la causa judicial volvería a manos del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia.

Según la investigación que ha realizado la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), Domínguez también habría pagado 1.000 euros al PP de Valencia que posteriormente le habrían sido devueltos en dos billetes de 500 euros, habiendo realizado así el presunto blanqueo de capitales del que se le acusa tanto a él, como a todo el PP de Valencia de la anterior legislatura salvo a cuatro asesores que se negaron a pagar.

Tal y como adelantó Valencia Plaza, la intención del magistrado es que el TSJCV se quede sólo con la parte de la pieza de blanqueo que afecta a Miquel Domínguez, dejando el resto de la causa en el juzgado 18.

el juez utilizará para motivar su auto la jurisprudencia y el criterio marcado por el Supremo para los aforados

Para ello, el juez utilizará para motivar su auto la jurisprudencia y el criterio marcado por el Tribunal Supremo para los aforados. Según el Alto Tribunal, la jurisprudencia determina que sólo pueden instruir la parte de la pieza que afecta al aforado. Fuentes judiciales aseguran que “si esa jurisprudencia es válida para los senadores, por el hecho de ser aforados, también es válida para el resto de personas aforadas como es el caso de Domínguez”.

Por tanto, de darle la razón el TSJCV se daría la paradoja de que una sola pieza, a priori conexa, estaría repartida en tres sedes judiciales diferentes y sería juzgada por tres tribunales distintos. Esto podría dar lugar a que se produjeran resoluciones contrarias entre sí pese a que todo parte de una sola investigación.