El juez de la 'operación Taula' trocea la causa en al menos cinco piezas separadas

VALENCIA. El magistrado instructor de la Operación Taula ha aceptado la petición del fiscal Anticorrupción Pablo Ponce para trocear la causa en al menos cinco piezas separadas. El motivo de tal petición es que se agilice la instrucción y que se pueda ir levantando el secreto de sumario de las piezas conforme se vaya finalizando la investigación por parte de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Además, así se evitan las dilaciones indebidas y el menoscabo del derecho de defensa de los investigados.

Según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes de toda solvencia, el magistrado ha divido el sumario en las siguientes piezas separadas: contrataciones de Imelsa, contratos del Ayuntamiento de Valencia, blanqueo de capitales (única con el secreto levantado), contratación de los asesores y una pieza especial relativa a Alfonso Rus y sus negocios en la ciudad de Xàtiva. No se descarta que el magistrado decida ampliar el número de piezas teniendo en cuenta la complejidad de partes de la causa como las que afectan a la investigación relativa a la Fundación Jaume II el Just y Ciegsa.

En la parte especial que hace referencia al expresidente de la Diputación, la Unidad Central Operativa se ha centrado tanto en las edificaciones llevadas a cabo por Rus en su municipio, como en sus negocios particulares y en su etapa al frente del equipo de fútbol de la ciudad, el Olímpic de Xàtiva.

De menos a más

Por el momento, tanto el magistrado como el fiscal están tratando de terminar con la pieza por blanqueo. Cuando terminen, se prevé que comiencen con la relacionada con la contratación de asesores a través de la empresa pública Imelsa. Según las mismas fuentes, los instructores han tomado la decisión de instruir de lo más sencillo a lo más complicado.

En esta parte es donde hasta la fecha permanece como investigada la diputada de Izquierda Unida, Rosa Pérez, que fue la persona que en su día interpuso la denuncia que destapó el caso Imelsa. Junto a Pérez, otros consejeros y exconsejeros del ente público pertenecientes a distintos partidos también fueron citados a declarar ante la Guardia Civil. 

Entre ellos, el hasta hace poco tiempo jefe de Gabinete de la Diputación y vicesecretario de Relaciones Institucionales del PSPV, José Manuel Orengo, el ex diputado provincial del PSPV, Raúl Pardos, quien formó parte del consejo de administración de Imelsa, y el diputado de Compromís, Emili Altur, actualmente consejero en el ente.

Hasta la fecha, la pieza que más tomos acumula es la que afecta a las contrataciones realizadas por Imelsa. En esa parte del sumario estaría, por el momento y aunque no tenga relación directa con Imelsa, entre otras cosas, las supuestas mordidas del 3 por ciento en la construcción de colegios por parte de la empresa Ciegsa. 

Dichas mordidas, tal y como publicó Valencia Plaza, llegan hasta los 80 millones de euros puesto que, según las afirmaciones realizadas por el yonki del dinero Marcos Benavent, se hicieron desde la creación de Ciegsa en el año 2001 y afectan a todos los presupuestos, y a todos los sobrecostes. Se prevé que esa parte también pueda desglosarse en varias piezas diferentes pero por el momento, y debido a la complejidad, permanecen juntas.

Dentro de la pieza relativa a los contratos del Ayuntamiento estaría también lo referente a la presunta financiación irregular del PP de Valencia y, si el juez admite la petición realizada por el fiscal Anticorrupción, la investigación sobre un supuesto delito electoral. En esta parte del sumario están como investigadas la exconcejala María José Alcón y la secretaria del Grupo Municipal Popular, Mari Carmen García-Fuster.