El juez del 'caso Alquería' ya alertó en 2017 de las trampas de Divalterra con los contratos menores

VALÈNCIA. El descontrol que imperaba en Imelsa con los contratos menores continuó con Divalterra. El cambio político en la Diputación de Valencia no supuso el fin de las malas prácticas heredadas en la contratación de servicios externos, una falta de controles internos que los antiguos gestores utilizaron para desviar cientos de miles de euros de dinero público que no se resolvió con la regeneración de esta empresa pública.

A pesar de los antecedentes sobre contrataciones ficticias, la firma continuó con la práctica de pagar sin comprobaciones de ningún tipo, incluso sin proyecto. Solo tomó medidas al respecto cuando Hacienda le abrió una inspección por un contrato firmado por el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent.

Así se desprende de un auto dictado en octubre del año pasado por el titular del juzgado de Instrucción 9 de Valencia, el mismo que coordina la operación Alquería, que este miércoles se saldó con la detención del presidente de la Diputación de Valencia y otros cargos de la corporación por irregularidades en la contratación de directivos. El juez los dejó en libertad con cargos este jueves.

En ese auto, derivado de la investigación de un presunto fraude en un contrato de alumbrado público inferior a 50.000 euros "vacío de contenido" y concertado entre Benavent y un empresario para beneficiarse económicamente, el juez alertaba de que el desvío de dinero pudo consumarse precisamente por la falta de control y seguimiento de este tipo de operaciones.

Esta ausencia de vigilancia sobre los contratos menores, que se cerraban sin proyecto y se liquidaban con la mera presentación de la factura, continuó de forma "poco comprensible" tras los cambios acometidos por el PSPV y Compromís desde la Diputación de Valencia, supuestamente encaminados a erradicar las malas prácticas del pasado. 

De esa manera, además de los contratos de personal investigados ahora, otra causa abierta en el mismo juzgado demostraría que los nuevos gestores tampoco implantaron de inicio ningún tipo de protocolos, seguimientos o controles para evitar las malas prácticas en los contratos menores que se realizaban cuando la Diputación estaba gobernada por el PP.

Una de ellas, la que permitía al gerente firmar directamente contratos de hasta 50.000 euros sin IVA y pagar con la mera presentación de la factura, no era según el juez "la más transparente ni la más beneficiosa para la administración pública, de cuyos fondos se ha nutrido y nutre Imelsa, hoy Divalterra, máxime con las oportunas propuestas de cambio del sistema que pretende instaurar el actual director financiero, sin que hasta ahora parezca que haya tenido lugar".

La causa de la que deriva el auto se abrió paradójicamente a raíz de una denuncia de los gestores de Divalterra contra Marcos Benavent, el anterior director financiero de la firma el empresario Vicente Calvo y varias mercantiles.

Pagaban por servicios que no existían

Benavent y Calvo, que según el juez se habrían puesto de acuerdo para beneficiarse económicamente de una "falsa operación comercial" porque la firma pública pagaba a la empresa por servicios que nunca se llevaban a cabo, están procesados por estafa, falsedad y malversación. El juez dictó el sobreseimiento para el resto de imputados, pero la Audiencia de Valencia lo revocó posteriormente y ordenó seguir practicando diligencias.

En un auto posterior, dictado en enero de este año para desestimar el recurso de Divalterra y la Fiscalía contra la decisión de no procesar al anterior director financiero, el juez insistía en la misma idea de falta de control.

A partir de la declaración en la causa nuevo gerente de Divalterra, el magistrado subrayaba que el hecho de que fuera meses después de la mencionada inspección de Hacienda cuando se instauró la exigencia de emitir informes de necesidad para cualquier proyecto evidenciaba que ese tipo de controles no habían existido hasta entonces.