La decisión del tribunal administrativo favorece a Valdés e Hijos, pero desestima la alegación de Congosto-Avant por considerar razonable la postura administrativa
VALENCIA. La guerra por la adjudicación del concurso de transporte escolar parece encaminarse hacia su tramo final. Si bien la Mesa de Contratación de la Generalitat había excluido a tres licitadoras de la provincia de Alicante, en todos los casos por existir modificaciones “no justificadas” en su flota de vehículos, ahora se verá obligada a readmitir a dos de ellas en el procedimiento. Así lo determina el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, adscrito al Ministerio de Hacienda, tras haber estimado dos de los recursos interpuestos por los afectados de este procedimiento y rechazado un tercero que no ve argumentado.
En concreto, hablamos de la UTE Pedro Valdés e Hijos y Cabranes, que optaba al lote A9; UTE Congosto-Avant Grup y Otro, que optaba al lote A10; y la UTE Pedro Valdés e Hijos y Aracil, que optaba a los lotes 11 y 12. Cada una de ellas habría presentado un recurso contra los dos acuerdos de la Generalitat (24 de octubre y 7 de noviembre) que favorecían su expulsión dentro de los plazos administrativos establecidos. El papel del tribunal ha consistido en dirimir si cumplían las exigencias de los pliegos y, por tanto, eran legales o ilegales. Y si bien ha fallado a favor de Valdés e Hijos, no ha sucedido lo mismo con Congosto-Avant Grup, UTE que sigue quedando fuera del concurso.
En el caso del lote 9, al que optaba UTE Pedro Valdés e Hijos y Cabranes, la exclusión tuvo relación con la sustitución de uno de los vehículos. La empresa ha aportado el contrato de venta y el tribunal ha respaldado que el cambio “se ha debido a necesidades operativas”, puesto que el adquirido es más nuevo. En este mismo lote también se rechazó otro vehículo en base a los datos del permiso de circulación, algo que tampoco refrenda la Justicia, puesto que considera que se trata de “un autobús de transporte escolar” en todo caso.
Por su parte, la UTE Congosto-Avnat Grup y Otro, candidata al lote 10, fue otra de las que efectuó modificaciones sustanciales en su flota. En este caso, cambió hasta siete vehículos. El acta de la Generalitat explicaba que, “pese a que se permite cambiar un coche por otro si debe ser dado de baja”, no se admite “que puedan darse de baja vehículos en fase de fabricación” ni “suponer alteración alguna en la baremación en la edad media de la flota”. El juez entiende que, “siguiendo el criterio literal y lógico”, esta cláusula permitiría cambiar “uno, dos vehículos y poco más”, como algo “puntual y coyuntural”. Nunca siete.
Además recuerda la existencia de un vehículo “ni siquiera matriculado”, que era otro de los motivos argumentos por parte de la Administración, y constatados por el juez. Por todo ello, termina desestimando el recurso de esta UTE.
El caso de los lotes 11 y 12 atañe por igual a la UTE Pedro Valdés e Hijos y Aracil. En el primero de ellos, la causa de la exclusión fue la falta de cinturones de seguridad en los asientos, algo que el tribunal considera que no queda suficientemente probado en la tarjeta de la ITV que se aporta. Atendiendo a esta situación, estima el recurso. Con respecto al lote 12, es la propia Administración valenciana la que directamente reconoce “el error padecido en la fecha que tuvo lugar en la instalación de los cinturones de seguridad”. En la medida que se retracta, la UTE vuelve a entrar en concurso.
Tras estimar dos de los recursos y rechazar un tercero, el Tribunal opta por levantar la suspensión del procedimiento de contratación. La resolución no admite recurso administrativo, sino que habría que acudir a la vía contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV). Si no se da el caso, estaríamos caminando hacia el final de un concurso de adjudicación que se ha dilatado más de lo deseado en los tiempos, especialmente por la cruenta guerra de recursos generada en la provincia de Alicante.
El inicio de este amargo camino cabe buscarlo a finales del curso pasado, cuando la Conselleria de Educación decidió paralizar el concurso del transporte escolar que había diseñado el Gobierno del PP. Era la primera vez que se optaba por un lote para cada provincia de la Comunitat, lo que no convencía a la oposición, y la idea fue volver a la fórmula tradicional de trocear en varios lotes cada provincia.
Catorce uniones temporales de empresas (UTE), en las que están prácticamente todas las firmas de transporte de la Comunitat, concurrieron a la asignación de 24 lotes para los próximos tres años (6 en valencia, 6 en Castellón y 12 en Alicante). Pero cuando se publicó la lista provisional de asignaciones, en ningún caso definitiva, se generó una guerra de alegaciones sin precedentes entre los distintos grupos de empresas.
Las acusaciones de unos y otros buscaban lograr la exclusión de los que a priori podía adjudicarse los lotes por haber presentado la mejor oferta. En el caso de Alicante, que es donde se producen los cambios fundamentales, el problema ha sido especialmente sensible, hasta el punto de haber generado una huelga.