VALÈNCIA. El caso Mas Mut que investiga un posible fraude de subvenciones para el uso del valenciano por parte de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat Ximo Puig, así como de los hermanos Adell Bover, avanza sin prisa pero sin pausa. Tras la incorporación de Juan Carlos Mompó como nuevo magistrado del Juzgado de Instrucción Número 4 de València, éste ha solicitado a la Guardia Civil que recabe de las empresas bajo investigación todas las facturas que constan en los expedientes, pero de las cuales no hay copia física.
Así, entre la documentación que Francis Puig deberá aportar se encuentran las tres facturas que tienen el mismo número de factura, el mismo concepto, pero cantidades de dinero diferente. Estas facturas no son baladíes en la investigación, ya que de comprobarse que es así, a la imputación de fraude en subvenciones, que depende de la cantidad defraudada por año para que sea delito, se sumaría la falsedad documental.
De comprobarse el tema de las facturas, daría lo mismo que el hermano del presidente no hubiera alcanzado la cifra de 250.000 euros defraudados al año, ya que la falsedad documental no depende de una cantidad sino del hecho de presentar facturas falsas. Es más, podría darse la circunstancia de que terminara procesado sólo por este delito.
Según fuentes de la investigación consultadas por Valencia Plaza, las declaraciones como investigados de Puig y del director general de política Lingüística de la Generalitat, Rubén Trenzano, solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, y que fueron suspendidas el pasado diciembre, no se retomarán hasta que la Guardia Civil informe sobre la documentación que recoja de las empresas bajo sospecha.
El caso Mas Mut comenzó cuando PP presentó una querella por considerar que Comunicació dels Ports y Mas Mut Produccions recibieron ayudas al fomento del valenciano --más de 400.000 euros en subvenciones desde 2015-- "sin ningún tipo de control".
Con posterioridad, la amplió a las ayudas a medios de comunicación vinculados a Enrique Juan Adell Bover, cuya familia es propietaria de varias empresas receptoras de subvenciones y a quien sitúan como "socio" de Francis Puig. El PP les acusa de utilizar un entramado empresarial para defraudar 1.215.396 euros a varias administraciones y sitúa el fraude global en unos 2 millones de euros.
El juez abrió una investigación y citó a declarar en diciembre, en calidad de investigados, a Francis Puig y a Trenzano, pero finalmente se suspendieron a petición de Anticorrupción, que pidió la práctica de nuevas diligencias.
En esta causa se investiga la presunta comisión de cuatro delitos de fraude de subvenciones por los responsables de Mas Mut Produccions S.L y Comunicació dels Ports de las anualidades 2015, 2016, 2017 y 2018. La investigación trata de determinar si los importes concedidos por Generalitat valenciana y catalana fueron destinados a sufragar las actividades subvencionadas, es decir, si fueron empleados en el fomento de las lenguas co-oficiales en estos territorios en los medios de comunicación.
