VALENCIA (EFE). El juzgado de lo social número 9 de Valencia ha rechazado la petición de "nulidad del despido" planteada por el exgerente de Imelsa Rafael Soler por considerar que no hubo tal despido, sino que solicitó la excedencia forzosa para el ejercicio de cargo público y eso supuso un desistimiento.
Según consta en la sentencia, la "excedencia forzosa", que solicitó Soler tras ser designado diputado provincial por el partido de Alzira en 2015, es causa de suspensión del contrato de trabajo y no de extinción.
En consecuencia, se desestima su demanda de despido, sin perjuicio de que pueda interponer una reclamación de cantidad en solicitud de la indemnización por incumplimiento del plazo de preaviso, que tenía que haber sido de tres meses.
Rafael Soler suscribió un contrato de alta dirección en Imelsa en septiembre de 2005, con una duración indefinida y un salario mensual de 3.600 euros netos, que podía extinguirse por decisión del consejero delegado o el consejo de administración de Imelsa, según consta en la sentencia.