El juez sostiene que Camps contrató a dedo a la 'trama Gürtel' porque era acreedora del PPCV

VALÈNCIA. El magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha tardado 48 horas en notificar el auto de apertura de juicio oral de la pieza de Fitur en el caso Gürtel. Es el auto definitivo, ya que no hay posibilidad de recurso. La pieza de Fitur es la que ha llevado a la Justicia a sentar en el banquillo como procesado al expresidente de la Generalitat Francisco Camps, por segunda vez, siete años después de salir absuelto por un jurado popular del juicio de los trajes.

Dos patas sostienen la acusación contra Camps por los delitos de prevaricación, fraude y tráfico de influencias, si bien es cierto que De la Mata finalmente ha rechazado acusarlo de malversación al no haber sido investigado en esta pieza por ese delito. Esas dos patas son su amistad con Álvaro Pérez, 'el Bigotes', y el haber contratado a la trama dirigida por Francisco Correa presuntamente para calmarle por la morosidad del Partido Popular de la Comunitat Valenciana por los gastos electorales.

La primera de ellas, su amistad con uno de los ya condenados como cerebros de la trama Gürtel, Álvaro Pérez, al que llamó "amiguito del alma" para después negar esa amistad, centra parte del auto. Según expone el magistrado, de la investigación se puede concluir que Camps "tenía una relación personal de amistad y de confianza" con Álvaro Pérez, al menos desde 2003 cuando empezó a hacer actos para el PPCV, y añade que, esta relación, además, "era también una relación personal y familiar con alto grado de amistad y de confianza".

De la Mata llega a esta conclusión no solo basándose en las declaraciones de Pérez o de las extrabajadoras de Orange Market Mónica Magariños e Isabel Jordán, a las que da total credibilidad, sino en las famosas grabaciones de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) en las que Camps habla un día de Nochebuena con el Bigotes en un tono más que cariñoso. Tal era la amistad, que otro de los cerebros de la trama Gürtel, Pablo Crespo, declaró que Orange Market se creó debido a esa misma amistad, que se materializó en un acuerdo para que la empresa organizara todos los actos del PPCV.

La deuda

La otra pata es la deuda que tenía el PPCV con Orange Market por la organización de actos electorales, que llegó a superar los 800.000 euros y que tenía al tridente formado por Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez desesperados. A este respecto, expone en su auto José de la Mata que "Camps estaba plenamente al corriente de la existencia de la deuda, así como también de los dos procedimientos que se implementaron para pagarla".

Fue entonces, según la investigación, cuando Camps ordenó contratar con Orange Market "para favorecer a dicha empresa como venía haciendo desde 2005 a cambio de su paciencia y resignación ante el impago de la multimillonaria deuda". Hecho que se sustenta, según De la Mata "en un arsenal de indicios muy consistentes" que han quedado "suficientemente acreditados".

"Órdenes de Camps"

Expone el juez que la trama, "prevaliéndose de especiales relaciones que habían logrado establecer directamente o a través de terceros con diversas autoridades y funcionarios públicos de la Generalitat Valenciana, consiguieron, con lucrativo propósito y con perjuicio para las arcas autonómicas, la adjudicación y contratación irregular de numerosos contratos públicos con diversas Consellerias y con organismos y empresas públicas dependientes de la misma".

Entre los métodos corruptos presuntamente utilizados, el grupo liderado por Francisco Correa consiguió la adjudicación directa de contratos. Uno de ellos es el que irá a juicio, el del stand de grandes eventos de Fitur por 367.000 euros. Los gerentes de Orange Market decidieron valerse de sus relaciones con las autoridades del Gobierno Valenciano para conseguir, "en su propio provecho, la adjudicación de esta contratación", según el juez instructor. 

Para ello, se pusieron en contacto con la entonces directora general de Promoción Institucional, Dora Ibars, principal acusada junto a Camps, y se "concertaron" con ella para que "impusiera" a las diferentes entidades la "contratación con Orange Market". Ibars no impuso a la trama corrupta motu proprio, sino que recibió órdenes, según De la Mata. Y es ahí donde entra en juego Francisco Camps, puesto que Ibars "tenía ausencia de competencias en materia de contratación". 

Camps se enfrenta a una pena de prisión de dos años y medio que solicita la Fiscalía Anticorrupción, pena que podría incrementarse hasta los nueve años si, en caso de ser condenado, el tribunal optara por la petición de la acusación popular, ejercida por el PSOE.