VALÈNCIA. El juez de la Audiencia Nacional José María Vázquez Honrubia sostiene en la sentencia que, en el caso de que el expresidente valenciano Francisco Camps hubiese incurrido en delitos por la financiación irregular del PP valenciano, éstos ya habrían prescrito, pues la investigación comenzó en 2009.
Vázquez Honrubia ve además "jurídicamente imposible" pronunciarse sobre Camps o sobre el que fuese su vicepresidente Víctor Campos en la sentencia a la rama valenciana de la trama Gürtel en tanto que ambos tuvieron la condición de testigos y no de investigados en el juicio.
"Es obvio conforme al principio acusatorio formal que no puede hacerse ni un mero juicio de valor acerca de su conducta", señala el juez en la sentencia, en la que da por probada la financiación irregular del PP valenciano en las campañas electorales de 2007 y 2008.
Ambos fueron señalados en el juicio por varios acusados, como el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa (condenado a 4 años de prisión), que acusó a Camps de encargar el sistema de financiación irregular y a Campos de llevar la relación con los empresarios que pagaban actos electorales a través de facturas falsas y dinero negro.
Pero, según el juez, al remontarse los hechos a las elecciones de 2007 y 2008 y dada "la naturaleza del delito aquí enjuiciado de carácter menos grave", sus actos "habrían prescrito por haber transcurrido más de cinco años sin formularse desde la fecha acusación alguna".
Además, "aun considerando que han sido designados como artífices del mecanismo defraudatorio", el juez reconoce que ambos "tienen derecho a no declarar contra sí mismos y no confesarse culpables", teniendo en cuenta además que Camps está imputado en tres piezas de esta trama.
En todo caso, el magistrado admite que sus declaraciones fueron "totalmente infructuosas para aclarar los hechos enjuiciados", y que se limitó a "apuntalar extremos ya acreditados por otros medios" pues, según ellos, "nada saben, nada recuerdan, nada reconocen".
En relación a la declaración de Camps como testigo, el juez recuerda su "radical" y "absoluta" negativa a admitir cualquier conocimiento de la trama o del aviso que, según Costa, éste dio al extesorero del PP Luis Bárcenas "sobre prácticas de financiación irregulares".
Camps desvinculó a todos los miembros de su Gobierno y a él mismo de los temas económicos del partido y admitió que el exministro Eduardo Zaplana (en prisión preventiva por el caso Erial) le informó en 2002 que Álvaro Pérez, El Bigotes (condenado a 6 años y 9 meses) se encargaría de "la organización de actos y campañas del PP", pero que no sabía que trabajaba para la Gürtel.
Campos, por su parte, negó "radicalmente cualquier contubernio" con los empresarios acusados para pagar deudas del partido o que "mantuviera deuda de comunicación con Orange Market -filial de la Gürtel en Valencia- y tuviera el más mínimo conocimiento de financiación ilegal o irregular alguna".
Además, señaló que desconocía "todo lo relativo a las iniciales V.C. y V.R", que aparecieron en los apuntes contables de la trama seguidos de la palabra "Castellón" y de una serie de partidas que Orange Market atribuye a la campaña de 2007 por importe de 123.400 euros.
La Audiencia Nacional no ve ningún delito en la actuación del expresidente de la Generalitat respecto a las adjudicaciones y contrataciones con la trama; la sentencia absuelve a Alicia de Miguel, Manuel Cervera, Luis Rosado y David Serra, aunque condena a varios cargos del Consell
