VALÈNCIA. Las declaraciones previstas para el próximo martes 10 de diciembre de Francis Puig, hermano del presidente de la Generalita, y del director general de Política Lingüística de la Generalitat, Rubén Trenzano, han sido suspendidas, según ha acordado el juez instructor a petición de la Fiscalía Anticorrupción para "poder recabar toda la documentación del caso y avanzar la investigación por la reciente ampliación de la querella del PP".
Por otro lado, la ampliación de querella presentada por los populares ha sido informada a favor por parte de Anticorrupción. Dice la fiscal que "nada tiene que oponer a su admisión, en cuanto que guardan estrecha relación con los investigados en este proceso".
Expone Anticorrupción que en el caso Mas Mut investiga la presunta comisión de cuatro delitos de fraude de subvenciones por parte de los responsables de las sociedades Mas Mut Produccions y Comunicacions dels Ports, correspondientes a las anualidades de 2015, 2016, 2017 y 2018. La investigación trata de esclarecer si los importes concedidos por la Generalitat Valenciana y por la Generalitat de Catalunya fueron destinados a sufragar las actividades subvencionadas, esto es, "si fueron empleados en el fomento de lenguas cooficiales de dichos territorios en los medios de comunicación social, empresas de televisión, radio, prensa escrita y digital, según consta en las bases reguladoras de estas ayudas públicas".
En cuanto a la denuncia presentada por Inés Aular, extrabajadora de una de las empresas de los hermanos Enrique -su exmarido- y Juan Adell Bover, que investigaba la Fiscalía Provincial, la fiscal también informa a favor de acumularlo en el juzgado del caso Mas Mut. Dice el escrito que "es evidente que si nos hallamos ante un grupo de empresas claramente interrelacionado, que se cruzan facturas para justificar el empleo de las ayudas públicas recibidas y pudiendo tratarse de facturas idénticas o correspondientes a los mismos servicios, resulta necesario su investigación en el mismo procedimiento".