El juicio a exdirectivos de Banco de Valencia por la empresa Maremar comienza el 14 de febrero

VALÈNCIA. (EFE). La Audiencia Nacional ha fijado para el próximo 14 de febrero el juicio al exconsejero delegado de Banco de Valencia Domingo Parra y otros antiguos directivos de la entidad por supuesta administración desleal en operaciones con la empresa Maremar en 2007, que causaron un perjuicio de más de 29 millones.

Además, ha señalado para los días 22, 23 y 24 de enero la vista por la pieza separada que investiga los negocios con Edioliva Promociones, y en el que también figura, entre otros, Parra, junto con el empresario Salvador Pons.

Como suceda con éste último, el Juzgado Central de lo Penal será el encargado de celebrar las siete sesiones programadas, de momento, en el caso Maremar, en el que la Fiscalía solicita penas de cuatro años de cárcel para Parra, y de tres años de prisión para el exdirector de auditoría interna Carlos Zafrilla y el exresponsable de participadas Celestino Aznar.

En esta causa estuvo imputado el exministro del Interior entre 1993 y 1994 Antonio Asunción, fallecido en 2016, así como su exsocio Társilo Piles, propietarios de Maremar, con actividad como piscifactoría.

Según Fiscalía, Asunción y Piles, que fue concejal de Unión Valenciana en el Ayuntamiento de Valencia (1991-1999) y presidente de la Fundación del Valencia C.F. (2009-2013), pretendieron expandir sus negocios de piscifactorías, que detentaban a través de varias sociedades, mediante la aportación de fondos y la participación en dichos negocios del Banco de Valencia, a través de la adquisición de un porcentaje.

Con el objetivo de inyectar fondos en la nueva sociedad de explotación de peces que se iba a constituir, los exdirectivos de la entidad financiera ahora acusados dieron los pasos necesarios para entrar "a todo trance" en el accionariado, obviando la pertinente valoración de activos y ofreciendo al consejo de administración una información sesgada.

Anticorrupción sostiene que en la valoración de Maremar se hicieron unas "previsiones desorbitadas" de ventas para los cuatro años siguientes, con un incremento exponencial de hasta más del séxtuplo de las correspondientes a 2006.

Una situación de la que -apunta- eran conscientes los acusados desde el primer momento, pese a lo cual optaron "arbitrariamente, sin apoyatura ni criterio económico lógico alguno, y con perjuicio muy previsible para el banco, en aumentar el porcentaje de participación hasta el 68 %" desde el 20 % inicial.

La entidad valenciana fue intervenida por el Banco de España a finales de noviembre de 2011, al detectar un agujero de capital de unos 600 millones que fue subsanado con una aportación de 1.000 millones del FROB, antes de ser adjudicada en subasta a CaixaBank.