El juzgado 2 de Paterna sobresee la investigación por los fusilamientos del franquismo

VALÈNCIA. “Como un jarro de agua fría”. Así se sienten las familias de las víctimas de los fusilamientos franquistas de Paterna. Apenas una semana después de abrir diligencias, el juzgado número 2 de esta localidad ha decidido dar frenazo y marcha atrás y sobreseer la causa por los fusilamientos del franquismo que tuvieron lugar en el cementerio de la localidad a la conclusión de la Guerra Civil.

La noticia, que se conoció este miércoles, cayó a plomo sobre las familias, quienes han manifestado su contrariedad ante el archivo. Con todo, esto no supone el final. El sobreseimiento ordenado por la titular del juzgado, María de la Concepción Almagro Moscardó, será recurrido por los familiares, según confirmó el periodista y escritor Santi Vallés, presidente de la asociación que aglutina a los descendientes de los fusilados.

Familiares de Víctimas del Franquismo de la Fosa 113 de Paterna es la entidad promotora de las obras de excavación y exhumación de la fosa que desde el pasado 22 de mayo está llevando a cabo el equipo arqueológico ArqueoAntro, y que cuenta con una subvención de la Diputación de Valencia. Según explicó Vallés en declaraciones a Valencia Plaza, que se haya cerrado la puerta que se abrió la semana pasada no implica que sea de manera definitiva.

Lo que sí cambia de entrada es que, al cancelarse la judicialización, la identificación de los cadáveres hallados hasta ese momento en la fosa pasa de nuevo a ser una tarea que han de asumir los familiares, con los elevados costes que ello conlleva.

Una “deuda histórica” que nunca se saldará

Sin embargo la decepción no es solo por eso. Como Vallés explica, para ellos que la Justicia investigara la muerte era como “una deuda histórica” por parte del Estado. De confirmarse el sobreseimiento, no quedará nunca constancia oficial de que los fusilados por el franquismo fueron asesinados sin respetarse sus derechos. Este proceso era poco menos que la última oportunidad para que se hiciera justicia, aunque fuera de forma simbólica.

Entre los motivos por los que la jueza ha dado marcha atrás y anulado el compromiso que había asumido el pasado jueves 1 de junio con las familias, en su escrito alude al hecho de que se ha comprobado que “no se encuentran restos recientes de cuerpos que no correspondan con el contexto histórico”. Según la jueza, desde los hechos “(…) han transcurrido aproximadamente 70 años, tiempo que supera con creces el de la prescripción”.

En este sentido, desde la asociación han mostrado su estupor, ya que lo que se pretendía la judicialización no era un juicio a posteriori, carente de sentido ya que los culpables o están muertos o son tan ancianos que jamás podrían ser encarcelados, sino que las familias recibieran el apoyo del Estado en el reconocimiento de los asesinatos de sus familiares, así como que se les facilitara la identificación de sus restos.

“Estábamos muy esperanzados al ver como, por primera vez en la Comunidad Valenciana, la Justicia asumía lo que para nosotros siempre ha sido un deber moral por parte del Estado: proceder a la recogida de los cuerpos y su identificación posterior”. Pero la juez ha decidido negarles hasta ese mínimo consuelo.

El sobreseimiento del caso, que lleva aparejado la revocación de la orden cursada la pasada semana al Instituto de Medicina Legal de Valencia y a la Policía Nacional, para que tomasen cartas en el asunto, ha supuesto un “duro golpe” para las familias al ver, una vez más, como el Estado dejaba de asumir la responsabilidad que había aceptado en un primer momento.