FOTO: EUROPA PRESSVALÈNCIA. (EP) El Juzgado de Instrucción número 1 de València, que investiga una denuncia presentada por falta de Equipos de Protección Individual (EPI) y medidas para hacer frente a la Covid-19 en profesionales sanitarios, ha pedido a los Colegios de Médicos de la Comunitat Valenciana y a la Organización Médica Colegial de España, que aporten el dato estadístico de los sanitarios de todo tipo y afectados por el coronavirus en 2020.
Así consta en una providencia del juzgado, consultada por Europa Press, dictada el pasado 2 de diciembre. Asimismo, el magistrado ha pedido al Juzgado de lo Social número 5 de Alicante que aporte una copia de la sentencia del pasado mes de octubre en relación con esta materia.
Esta instancia condenó a la Conselleria de Sanidad por la ausencia de medidas de protección de los facultativos en la primera ola de la Covid-19 al considerar que "incumplió la normativa sobre la prevención de riesgos laborales" y abrió la vía a los sanitarios afectados para que acudieran a la jurisdicción contencioso-administrativa para instar la responsabilidad patrimonial generada por un funcionamiento anormal de la Administración Estado-CCAA.
El Juzgado consideró que la conselleria, tras la declaración de emergencia de la Subsecretaría de febrero de 2020 y con el estado de alarma, en el ámbito de su gestión, había incumplido la normativa y generado un "grave riesgo" para la seguridad y salud de los facultativos sanitarios "provocando su exposición directa al contagio de la enfermedad".
También ha reclamado a otra instancia judicial, el Juzgado de lo Social número 10 de València, copia de un auto de marzo en un procedimiento de medidas cautelares en relación también con denuncia por falta de protección a los sanitarios en la pandemia. En este caso, la instancia judicial urgía a Sanidad a que dotara a todo el personal sanitario de la Comunitat Valenciana del material de protección necesario para afrontar la crisis del coronavirus en un plazo de cuatro días.
La petición del Juzgado se produjo un día antes de la fecha fijada para que dos altos cargos de la Conselleria de Sanidad declararan como investigados por estos hechos. La responsable de Recursos Humanos de la Conselleria de Sanidad, Carmen López, y el director gerente del departamento de salud Alicante-Hospital General, Miguel Ángel García, se acogieron a su derecho a no declarar a la espera de un pronunciamiento de la Audiencia Provincial en relación a un recurso presentado después de que la Fiscalía solicitara el archivo de las actuaciones al no ver delito.
La causa se tramita por un delito contra los derechos de los trabajadores y la querella interpuesta hace una relación de las distintas peticiones formuladas desde los sindicatos para reclamar medidas de protección desde el inicio de la pandemia.
