VALÈNCIA. Llega un punto en el que los gobernantes dejan de preocuparse por servir a los ciudadanos en el desarrollo de iniciativas, proyectos y servicios según cada ideología para servirse del gobierno como herramienta para su uso personal o partidista, de tal forma que cualquier iniciativa no tiene en cuenta en bien común, sino el particular, produciendo disfunciones en la tarea de la Administración, incluso perjuicios a todos. Con dolor, creo que la deriva del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, en esta dirección se está acelerando en los últimos tiempos para convertir la acción autonómica en una impúdica toma de decisiones arbitrarias.
Digo con dolor porque, a pesar de las diferencias ideológicas que existen (en la base y en la forma) entre el Partido Popular y el PSPV y sus socios de Compromís y Podemos, todos entendemos que solo desde la política se puede transformar una sociedad. Valga siempre la crítica política hacia un lado u otro, pero lo que no es admisible es valerse de las mayorías parlamentarias para aplicar decisiones unilaterales saltándose el resto del Estado de Derecho. Obviamente en dimensiones incomparables, eso ocurrió con los independentistas catalanes, ahora indultados por Pedro Sánchez. Toda la acción de la Generalitat de Cataluña se dirigió a un fin político por encima de cualquier control legal. Y jamás pensé que ningún gobierno de la Generalitat Valenciana se atreviera a tanto.
Varios han sido los casos que me están llevando a esta conclusión tan delicada. El primero, es la reversión del Hospital de Torrevieja. Bien, siempre ha sido un anhelo del tripartito valenciano romper el buen funcionamiento del modelo sanitario de colaboración público-privada que había construido el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Este deseo ha estado siempre basado en el único precepto de que había sido el Partido Popular el que lo había levantado porque el resto de parámetros cuantifícables (satisfacción de los pacientes, funcionamiento, eficacia…) no aguantaban ninguna discusión.
De hecho, el TSJCV ha pedido a la Generalitat que incluya informes económicos que justifiquen que la gestión directa será más eficiente y tendrá menos coste económico que la situación actual. Si fuera justificable, el Consell paralizaría el proceso de reversión del departamento de salud de Torrevieja, haría caso a la Justicia y realizaría ese informe. Incluso, si quieren, con los números del hospital de Alzira porque, si es tan bueno el cambio, aquí se podrá ver. Mucho me temo que nunca ocurrirá porque, sencillamente, es imposible.
Llevar adelante una iniciativa solo por ideología por encima de la correcta gestión de los bienes públicos es irresponsable. Hacerlo, además, por encima de la Justicia podría tener consecuencias jurídicas. Desde el PPCV lo vamos a denunciar hasta el final, ya aviso.
En segundo caso, la defensa como abogado del portavoz del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, a los implicados socialistas en la ‘trama Azud’, que investiga presunta corrupción socialista y financiación irregular. Hasta el carnicero de Milwaukee tuvo un abogado defensor, pero seguro que no fue el fiscal general de Estados Unidos. Porque no se puede defender por la mañana una cosa en Les Corts y, por la tarde, la impunidad de los investigados. Si Mata quiere hacerlo como letrado, adelante, pero que abandone de manera inmediata su puesto de portavoz y el escaño.
O, peor, que haya aceptado este caso como un servicio más al partido. Que use el privilegio de la comunicación y el acceso al secreto de sumario por las partes para conocer qué ha ocurrido y cómo puede afectar al gobierno socialista de la Generalitat. El partido por encima de la Administración. Feo, muy feo.
Dije al principio que todo se está acelerando, descomponiendo, degradándose hasta extremos insospechados por nerviosismo de que el tic tac ya ha comenzado.
La tercer pata es el funcionamiento de la Fundación Ellis, que ha venido denunciando Valencia Plaza. Esa subvención de 1,5 millones de euros a un ente al poco de crearlo y en el que participa el marido de la consellera de Innovación, Carolina Pascual. No es la primera vez que se entrelazan vínculos familiares con intereses privados. Ya hemos denunciado hasta la saciedad el caso de Francis Puig y sus pingües beneficios desde que su hermanísimo es presidente de la Generalitat. Y vemos que algo similar puede estar produciéndose en el ámbito de la inteligencia artificial con donaciones generosas a proyectos nada claros, según la propia Abogacía de la Generalitat.
Son ya demasiadas casualidades, múltiples casos que convergen en una misma forma de actuar de la Generalitat Valenciana al mando de Puig, el interés personal por encima del colectivo. Una forma de gobernar al límite del riesgo de transformarnos en una partitocracia.
PD: Las nuevas restricciones a la hostelería impuestas por Ximo Puig suponen, en palabras de los propios empresarios, un tiro en la rodilla de un sector importantísimo para la economía. Leía esta semana en Twitter un comentario que, al menos, me ha hecho reflexionar: Hemos vivido las restricciones más duras en invierno para… vivir las restricciones más duras en verano. ¿De qué ha servido tanto sacrificio? ¿Ha fallado la hostelería o el que ha fallado ha sido Puig? O eso o al presidente le ha cogido el gusto por cerrar y cerrar sin mirar nada más. Malo.