'Valencia laica' insta a la Generalitat a hacer un listado con las inscripciones susceptibles de ser irregulares en la Comunitat y piden que la Iglesia demuestre sus derechos sobre ellas
VALÈNCIA. La torre del Micalet es un símbolo de València pero tambien lo es de la campaña de organizaciones laicas para lograr la titularidad pública de bienes que la Iglesia se asignó a sí misma sin tener derecho real a hacerlo. Este miércoles hubo concentraciones en diversas ciudades españolas para reclamar a las administraciones públicas que recuperen las cien mil propiedades que calculan que la institución eclesiástica se ha apropido de manera irregular desde 1946.
La del 'cap i casal' tuvo como lema 'El Micalet és del poble valencià'. "Para nosotros el Micalet es un símbolo, porque está en el centro de Valencia, porque es muy reconocible y porque siempre ha tenido usos civiles, ha sido cárcel y torre vigía. Pero, además, hasta hace 'cuatro días' no tenía un dueño con nombre y apellido, era de la ciudad de València. La Iglesia lo inmatriculó en 2014", explica a este periódico Raquel Ortiz, coordinadora de 'Valencia laica'. "Esto no va de creencias sino de privilegios económicos", remarca.
Las administraciones públicas han sufragado en los últimos años mediante convenios parte de la conservación de una torre que se llamó inicialmente 'Campanar Nou' pero que finalmente tomó el nombre de una de esas campanas. Con algo más de 200 escalones y 51 metros, su gestión actual depende del cabildo de la Catedral y se puede visitar, previo pago de una entrada.
Las concentraciones se llevaron a cabo en el primer aniversario de la presentación por parte del Gobierno central de un listado de cerca de treinta y cinco mil inscripciones posiblemente irregulares y pocos días después de que la Iglesia haya aceptado su error en algo menos de mil. "No se puede aceptar, es un cierre en falso", destaca.
Desde 'Recuperando', la plataforma que agrupa a todas las asociaciones convocantes, exigen que el Gobierno realice un inventario no desde 1998 como ha hecho sino desde 1946. "Quieren vincularlo a (José María) Aznar y a la reforma que hizo en la ley hipotecaria para que la propia Iglesia pudiera ejercer de notario e inmatricularse grandes espacios de culto pero hay que ir al inicio de la ley", defiende Ortiz . De ahí el lema estatal de 'No son mil, son cien mil'.
Esa reforma fue la que aprovechó la Iglesia para asignarse la propiedad de la Catedral de Valencia, lugar de culto desde la época romana y que también fue mezquita en la época árabe. "Pero el Micalet no aparece en ese listado porque lo incluyeron como anexo, como la capilla del Santo Cáliz. Menudos anexos", apunta la coordinadora. La torre está actualmente unida a la Catedral pero no lo estaba cuando se inició su construcción en 1381.
Además, desde las organizaciones laicas afean al presidente Pedro Sánchez que, más de dos años después, no haya cumplido el anuncio que hizo en su investidura de que se revertirían las inmatriculaciones irregulares de la Iglesia. "En un Estado aconfesional no tiene sentido que ninguna confesión se sitúe por encima de la Ley ni disfrute de privilegios que hieren el principio de legalidad y el principio de igualdad", señaló el entonces candidato.
Una pequeña representación de los concentrados se reunió después con un grupo de representantes con miembros de la Conselleria de Transparencia. Ortiz explica que reclamaron a la Generalitat que, como ha hecho el gobierno navarro, realice su propio listado de propiedades suceptibles de haber sido inscritas irregularmente. "Eso lo podría hacer el Botànic", reclama.
Pero, también, piden que se impulse un cambio en el sistema de comprobación. "Ahora cada persona, cada pueblo o cada institución deben reclamar las propiedades que se han inmatriculado. Eso es un pozo sin fondo de tiempo y dinero. Lo que se debe hacer es que la Iglesia enseñe el título de propiedad que demuestre que es suya pero no un certificado eclesiástico que se hacen ellos mismos", afirma.
"En Francia todo el mundo tiene claro que incluso la propiedad de las grandes catedrales es del Estado, luego la Iglesia puede disfrutar de un usufructo y seguir con sus cultos", desliza.