Investigan si la trama de Imelsa desvió fondos europeos destinados a desempleados

VALÈNCIA. Los instructores del caso Taula investigan si la trama corrupta desvió parte del dinero que el Fondo Social Europeo destinó a un proyecto para personas desempleadas entre 2004 y 2007. Esta rama de la investigación se abrió a raíz de que la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) enviara una requisitoria de información ante la sospecha de que hubiera ‘desaparecido’ dinero fondos europeos. 

Fuentes consultadas por Valencia Plaza afirman que "no sería extraño que hubiera desaparecido dinero destinado a los más necesitados en plena crisis", y apostillan: "Los escrúpulos brillaban por su ausencia dentro de esta trama".

Dentro de esta rama, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social envió un escrito al juzgado la semana pasada, al que ha tenido acceso Valencia Plaza, explicando que Imelsa fue “la entidad responsable de la Agrupación de Desarrollo ‘Donant Oportunitats’. Esta Agrupación de Desarrollo, compuesta por diversas mancomunidades y por entidades del tercer sector, gestionó un proyecto cofinanciado por el Fondo Social Europeo (FSE) en el marco de la iniciativa comunitaria Equal”.

En el escrito se puede leer que “al proyecto que fue seleccionado se le asignó un importe de 1.498.681 euros para su ejecución entre marzo de 2004 y diciembre de 2007. La Agrupación de Desarrollo, a través de Imelsa, presentó a la Unidad Administradora del Fondo Social Europeo (UAFSE) presentó diversas peticiones de pago correspondientes a ese proyecto hasta alcanzar un total de 1.331.120 euros. La UAFSE ordenó pagos a favor de la Agrupación de Desarrollo por un importe global de 1.290.963 euros”.

Llama la atención que, pese a que el proyecto de la UAFSE terminó en agosto del año 2015, el Ministerio de Empleo asegura que “la UAFSE no conserva en la actualidad ninguna documentación justificativa sobre el mencionado proyecto, ni sobre ningún otro de los seleccionados en la mencionada convocatoria”.

El escrito recibido por el juzgado deberá ser ahora remitido a la OLAF, pues esta oficina ya advirtió de sus sospechas en otro escrito que decía: “concerniente a la denominada operación Taula relativa a los supuestos sobrecostes cargados a empresas que se beneficiaron de contratos públicos adjudicados por los diferentes niveles de la Administración Pública de la Comunidad Valenciana, y que podrían haber estado cofinanciados con fondos comunitarios”, y añaden que tratan de determinar “el alcance del posible fraude al presupuesto comunitario”.

Primeras informaciones

Este escrito del Ministerio es el primero que llega al juzgado. La OLAF está pendiente de recibir la información que se le solicitó a Divalterra (antigua Imelsa) y a la Secretaria Autonómica de Inclusión de la Agencia Valenciana de Igualdad.

De hecho, tal y como publicó en exclusiva este periódico, desde la OLAF se envió al juzgado un recordatorio porque no habían recibido la información requerida. Dicho recordatorio decía: “se recuerda que la OLAF estaría pendiente del análisis de la información, tanto de la que dispone, como de la pendiente de remitir, y podría abrir una investigación en caso de haber una sospecha suficiente de fraude, corrupción u otra actividad ilegal en detrimento de los intereses de la Unión Europea”.