VALÈNCIA. El Ministerio de Justicia ha informado favorablemente a reforzar los juzgados valencianos que instruyen el caso Taula y los casos Palau y Emarsa. El informe se ha producido tras enviar el Consejo General del Poder Judicial un informe ampliatorio, a petición del Ministerio, sobre las causas que investiga cada juzgado. De hecho, el CGPJ envió el informe del juzgado de Taula la semana pasada y este martes el de Palau, que también ha recibido el visto bueno.
En un principio, el Ministerio denegó los refuerzos porque cuando el CGPJ envió la petición de reforzar dichos juzgados, en el requerimiento se explicaba que eran necesarios debido a las causas de especial complejidad que se estaban instruyendo en cada juzgado, sin embargo, y siempre según la versión del Ministerio, no se especificaba cuáles eran dichas causas, ni el número de investigados, ni el tiempo que llevan en el juzgado.
Las mismas fuentes aseguraron que, una vez entró la petición, en el Ministerio se analizaron los datos de carga de trabajo tanto de los juzgados peticionarios como de los magistrados que habían pedido la plaza de refuerzo. El juzgado de instrucción 18 tiene una carga del 28%, mientras que el juez de Paterna II que pidió irse al 18, a día de hoy tiene una sobrecarga del 230%, por lo que se denegó el refuerzo en base a eso y a la falta de presupuesto.
Al tener el CGPJ el sí del Ministerio de Justicia desde la semana pasada el juzgado de Taula tiene desde este martes un nuevo juez, ya que ha podido ser votado su nombramiento por la Sala Permanente del Consejo. Pero llama la atención que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat le solicitó al Consejo que nombrara un juez sin relevación de funciones, lo que obliga al nuevo magistrado de apoyo a llevar a la vez dos juzgados completos.
El magistrado que desempeñará las labores de refuerzo es Francisco Sanchís Osuna, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Paterna, a quien se ha concedido una comisión de servicio sin la citada relevación de funciones por un plazo de seis meses tal y como ha informado el TSJCV en un comunicado.
El problema valenciano puso de manifiesto lo poco útil que es medir los juzgados solo por los porcentajes de carga de trabajo a la hora de reforzarlos, ya que esa medida ha dejado sin refuerzo ambos juzgados varios meses. Los juzgados de instrucción, normalmente y salvo excepciones, siempre tienen mucha menos carga de trabajo que pueda tener un civil o un contencioso. Uno de los motivos fundamentales es que hay muchos más juzgados de instrucción que civil, por ejemplo.
Aunque uno de los problemas reales es que las causas económicas, muy complejas de instruir, no tienen "el mismo valor" que las causas de corrupción, Emarsa entra dentro de la categoría de delitos económicos y ha obligado a que el juez que la instruye le haya dedicado su tiempo en exclusiva durante los últimos años, ya que acumula cerca de 200.000 folios y más de 20 investigados. De hecho ese juzgado acumula varias causas muy complejas de delitos económicos.
El número de personas investigadas es otro factor a tener en consideración. El magistrado de Taula tiene cerca de 80 investigados, lo que supone 80 partes presentando recursos sistemáticamente, unos recursos que siempre hay que contestar y que suponen una carga de trabajo mastodóntica para el juez.