El ministro Illa le niega a Puig la baza de adelantar el toque de queda

VALÈNCIA. El Gobierno de España sigue huyendo de cualquier complicación política. Así se pudo constatar este miércoles en la comparecencia del ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras las reunión del Consejo Interterritorial en el que las distintas Comunidades Autónomas (CCAA) exponen sus propuestas para combatir los efectos del coronavirus.

Una de las propuestas sobre la mesa, defendida entre otras regiones por la Comunitat Valenciana que lidera el también socialista Ximo Puig, era la de modificar el estado de alarma para poder adelantar el toque de queda a las ocho de la tarde.

Sin embargo, y pese a que la iniciativa era defendida por otras autonomías, Illa se mostró contrario a su aplicación -al menos por el momento- tal y como desveló posteriormente en rueda de prensa. De esta manera, el Gobierno de España deja en una situación precaria al Consell del Botànic y al resto de las CCAA, puesto que evidencia que las restricciones que tengan que ver con el citado decreto -el toque de queda o un confinamiento domiciliario- ya han tocado techo o, al menos, es lo que se desprende de lo proclamado por el ministro.

Una situación que roza el absurdo: tras tensos debates en el seno del Gobierno valenciano durante las últimas semanas entre las tres fuerzas que componen el Botànic -PSPV, Compromís y Unides Podem-, respecto a la posibilidad de endurecer las medidas, este miércoles se constató que la capacidad de autonomía del Consell -y del resto de regiones- era un espejismo. De nada sirvió que, finalmente, el Gobierno valenciano llegara a un acuerdo para esta solicitud para aumentar las restricciones. El supuesto poder entregado por Pedro Sánchez a los ejecutivos regionales, que son los que están sufriendo la saturación de sus sistemas sanitarios, se ha diluido como un azucarillo en el momento en el que han requerido de la colaboración del Estado para endurecer las medidas.

Los motivos, una vez más, parecen anclarse más en lo político que en lo preventivo o sanitario. La problemática de tener que dar cuenta al Congreso de las modificaciones junto con la proximidad de las elecciones catalanas (14 de febrero) en las que el propio Illa será candidato a la Generalitat, son algunas de las causas estratégicas que se adivinan en el ámbito político para justificar el enfriamiento de las peticiones de CCAA como la valenciana. Más aún cuando el PP anda dividido respecto al apoyo a una hipotética ampliación  -Díaz Ayuso se ha mostrado en contra- y no ha aclarado si lo respaldaría en el Congreso y, por otra parte, no es el mejor momento para pedir apoyo a ERC con el duelo en Cataluña a la vuelta de la esquina.

No obstante, Illa se desmarcó de estas cuestiones y se escudó en razones sanitarias para justificar la decisión. Así, defendió que, en el marco establecido en el actual decreto de alarma, existe la capacidad de aplicar medidas que, a su juicio, ya están dando resultado. "Estamos aplanando la curva", llegó a asegurar el ministro, quien puntualizó además que una reducción a las ocho del toque de queda podría contribuir a generar "concentraciones" de personas en torno a otros horarios que es, recalcó, lo que se pretende evitar. 

De esta manera, la medida planteada por el Gobierno valenciano tan solo 24 horas antes no podrá ser adoptada por lo que el toque de queda seguirá establecido en las diez de la noche. Sí seguirán adelante las medidas reflejadas este miércoles en la resolución de la Conselleria de Sanidad hecha pública ayer y que entra en vigor desde este jueves, como el cierre de la hostelería y la limitación de los establecimientos comerciales hasta las seis de la tarde.

En cuanto a otra de las medidas pendientes, la prohibición de reuniones de no convivientes en domicilios, todavía sigue en el aire pese a ser anunciada por la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra en la tarde de este martes. Según publicó el diario Levante-EMV, las fuerzas de seguridad del Estado manifestaron sus reticencias ayer en una reunión con Presidencia y se estaría a la espera de un informe de la Abogacía de la Generalitat para estudiar la legalidad de una medida que, no obstante, ya se puso en marcha en otras autonomías como las Islas Baleares.