Puig y los agentes sociales mantienen una reunión sobre el planteamiento del toque de queda Foto:GVAEnésima semana desde el inicio de la pandemia y no, precisamente, de las mejores. Mientras las alarmas intensifican sus decibelios hasta niveles similares a los de la primavera, la sorpresa es que Trump y Biden mantengan un debate sin que hayan volado flechas incendiarias o que el líder de la oposición española revele, tras tantos meses de confusas relaciones, su incompatibilidad con el representante local del iliberalismo, el aislacionismo y la xenofobia, entre otros adornos oportunistas. Cerca, pero como si se tratara de otra dimensión, dolorosas escenas sin apenas atisbo de sorpresa: regresan los bancos de alimentos y las pateras con inmigrantes se acumulan en las costas españolas porque, más que la amenaza del coronavirus y del propio mar, les vence el resbaladizo sueño de la prosperidad occidental. Un motivo final de irónica fascinación: quebrando consolidadas usanzas, el Pacto de Toledo alcanza un acuerdo sobre el futuro de las pensiones; ha tardado apenas cuatro años: este es, demasiadas veces, el ritmo político español. Una cachaza incompatible con la métrica del siglo XXI.
De foros empresariales muy conocidos, como el de Davos, emanan documentos que hablan de cambio climático, innovación digital e, incluso, de las desigualdades. El centro ideológico de la empresa se preocupa de la pandemia, el posible alcance de la desglobalización y de los cambios en el mercado de trabajo inducidos por la robotización y otras expresiones digitales. El capitalismo internacional no se encuentra tranquilo sobre su futuro: las incertidumbres son inéditas y las estimaciones fiables apenas desbordan los límites del corto plazo; incluso, en tal caso, con variados matices que reflejan la inseguridad de los economistas.
En este tiempo, cuyas contingencias se encuentran ayunas de cálculos actuariales y en el que el azar coquetea con lo desconocido, contamos, pese a todo, con un activo a retener: durante los anteriores meses de turbulencias, la Comunitat Valenciana se ha ganado un reconocimiento de solvencia atribuible a sus propias decisiones y acciones. Se han cometido errores, pero el cuadro global nos dice que, tanto la Generalitat como otras instituciones próximas, se han elevado sobre sus limitaciones. Por su parte, la capacidad de reacción privada ha añadido su propia impronta a la conseguida por la acción pública. Basta comparar lo aquí sucedido con lo ocurrido en otros lugares de España; por ejemplo, en capacidad de respuesta.
Lo cosechado hasta el momento permite reivindicar la futura contribución de los actores públicos y privados de la Comunitat Valenciana a los centros españoles de decisión. Lugares en los que se ha ocupado demasiadas veces el espacio de las bambalinas y, en muy pocas ocasiones, el del escenario: ese que han transitado sistemáticamente otras comunidades autónomas que, ahora, parecen mucho más atentas al izado de su ensimismamiento.
A corto plazo, son dos los puntos de partida para introducir la Comunitat Valenciana en ese núcleo evasivo del poder central: la contención y aniquilación de la pandemia, siguiendo la línea de los resultados obtenidos desde marzo; y, en paralelo, la captación de fondos europeos de recuperación, presentando proyectos de aroma comunitario con vocación de liderazgo innovador. Proyectos que aspiren a la excelencia, blindados por ésta ante las burocracias ministeriales y comunitaria.
La obtención de un plus de prestigio en los proyectos que se presenten a Europa apela a muchos agentes y, en particular, a las grandes empresas con presencia destacada en el territorio valenciano. Muchas de ellas se han distinguido hasta ahora por su persistencia en la consecución de infraestructuras de movilidad, como la del Corredor Mediterráneo, superando el sesgo valenciano hacia la inconstancia que se ha dado en otras ocasiones. Ahora, lo que se les plantea es una ampliación estratégica: la de contribuir a superar, asimismo, la débil presencia de los activos intangibles en la economía valenciana, asumiendo que las infraestructuras físicas son relevantes, pero en ningún caso lo único que merece un subrayado especial.
Europa convoca a un nuevo emplazamiento económico con el ánimo de que el Viejo Continente recupere fuelle en esa carrera multipolar que la encaja entre EEUU y China. Una carrera que concierne al tejido económico valenciano, por más que todavía se produzca algún despiste. Las grandes empresas, valencianas o con establecimientos en la Comunitat, disponen de una capacidad de influencia de la que carecen muchas pymes. A menudo son empresas tractoras que sostienen una amplia relación con firmas proveedoras regionales de menor tamaño. El cambio en la gran empresa, -un nuevo proceso productivo digitalizado y más sostenible, una reorganización de su logística con criterios de proximidad, nuevos proyectos de I+D colaborativa-, repercute, directa o indirectamente, sobre quienes desean seguir formando parte de su hinterland productivo. Ese arrastre es tanto o más efectivo que otro tipo de estímulos y empuja a circular por el carril de las empresas europeas avanzadas.
Tal es el compromiso de la gran empresa que hoy conviene a la Comunitat Valenciana.
