El nuevo canon gravará 1,1 euros los móviles y 24 céntimos los discos duros

VALÈNCIA (EP). El modelo de canon digital -que ya se aplicó durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero- ha entrado en vigor este mes de agosto, por el que el pago de copia privada recae en fabricantes y distribuidores de equipos, aparatos y soportes de reproducción.

El nuevo texto fija una implantación escalonada para facilitar la introducción del nuevo modelo. Tras la entrada en vigor del Real Decreto el primer día del mes de agosto, tal y como ha recogido Europa Press del Boletín Oficial del Estado, el canon digital se aplicará de manera provisional, estableciendo tanto el listado de equipos, soportes y materiales de reproducción, como las cuantías económicas con las que se deberán abonar a los autores.

En este sentido, los teléfonos móviles con capacidad para reproducir videos y sonidos pasan a estar gravados con 1,1 euros, mientras que la compensación de las memorias USB y discos duros será de 24 céntimos,. Además, se establece también un gravamen de 3,15 euros para las tabletas, de 5,45 para reproductores de sonido o vídeo y de 6,45 para reproductores no integrados.

No obstante, no se aplicará más de una cantidad a los ordenadores o tabletas. Asimismo, las impresoras estarán gravadas con entre los 4,5 y los 5,25 euros, mientras que las grabadoras de discos incluirán una compensación de entre 0,33 y 1,86 euros, y los discos compactos para la reproducción mixta de entre 8 y 28 céntimos.

Este nuevo modelo vuelve al sistema anterior a la compensación con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE), por el que los fabricantes y distribuidores pagan un canon de las ventas de los equipos, pero introduce como novedad la posibilidad de reembolso para un uso "exclusivamente profesional" o para su "exportación o entrega intracomunitaria".

Tras el anuncio de la aprobación, el portavoz del Gobierno, Iñigo Méndez de Vigo, explicó el pasado mes de julio que este texto ha sido dialogado con los grupos políticos.Así, la mayoría de las formaciones coincidieron en apoyar esta modificación, aunque apuntan que llega tarde.

Sin embargo, las asociaciones de usuarios de Internet llamaron a los partidos a rechazar este decreto. La intención, según explicaron a Europa Press los presidentes de la Asociación de Internautas y de la Asociación de Usuarios de Internet, Víctor Domingo y Miguel Pérez Subías, respectivamente, es que se abra un debate pausado sobre el tema.

A su juicio, este nuevo texto ha sido aprobado "con cierta alevosía" y han denunciado que no han sido llamados por el Ejecutivo para exponer su opinión sobre este nuevo canon digital.

Tampoco apoyó esta medida FACUA-Consumidores en Acción que consideraba que "sólo beneficia a entidades de gestión y perjudica a los consumidores". La asociación criticó que se cobre por adelantado un canon presuponiendo que el usuario va a realizar una determinada actividad que podría perjudicar a los titulares de ciertos derechos.

"Injusto", "obsoleto" y "discriminatorio" fueron las palabras usadas por la OCU que también consideraba que será el usuario el "culpabilizado de forma preventiva" y tendrá que pagar "de manera injusta por algo que no debe".

"Se recaudará más"

Por el contrario, desde la Asociación para el desarrollo de la propiedad intelectual, Adepi, celebraron el cambio porque "resuelve una situación que estaba fuera de juego a nivel europeo", apuntando a que España recaudará más "que los exiguos cinco millones de euros" que contemplaban los PGE para este fin con el anterior modelo.

Por su parte, la Asociación de Usuarios de la Comunicación celebró la rectificación del Gobierno y que el pago por copia privada vuelva a recaer en los fabricantes y distribuidores de equipos.

Finalmente, la Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales (Ametic) denunció que el Gobierno no ha tenido en cuenta los daños causados al autor al establecer las tarifas. A su juicio, las compensaciones deberían haberse decidido con posterioridad, mediante Real Decreto.