BRUSELAS. Soluciones rápidas de asilo o retorno en la frontera o punto de desembarco. Ésta ha sido la única decisión viable que recoge el nuevo pacto sobre Migración y Asilo presentado por la Comisión Europea, y que pretende un planteamiento europeo integral en materia de migración. Con esta normativa, de nuevo la Unión Europea (UE) traslada la responsabilidad a los países periféricos, con puntos calientes de acogimiento previo, como lo han sido los campamentos de Lesbos en los últimos cinco años. La oposición de los países del Este y los nórdicos, que no aceptan colaborar en un procedimiento solidario de reparto y cuotas, perpetuará la situación de incertidumbre de los refugiados y de los inmigrantes que entran de forma irregular atrapados por la mafias.
La parte burocrática intenta establecer procedimientos mejorados y más rápidos para todo el sistema de asilo y migración. En este sentido, se incluiría el impulso del nuevo Reglamento para que unifique criterios y legislación en todos los Estados miembros. Corresponde ahora al Parlamento Europeo y al Consejo examinar y adoptar toda la legislación necesaria para hacer realidad una auténtica política común de asilo y migración de la UE.
El nuevo Pacto pretendía un equilibrio entre los principios de reparto equitativo de la responsabilidad y la solidaridad. La Comisión tenia especial interés en este punto, desde que en los últimos veranos ha actuado de mediadora gestionando el reparto por cuotas de los inmigrantes que llegaban en patera por el Mediterráneo rescatados por las ONG’s.
Ante la imposibilidad de que todos los Estados aceptaran voluntariamente el acogimientos de los inmigrantes y con una normativa obsoleta, la UE reconoce que “el sistema ya no funciona” y ha de “superar la actual situación de estancamiento”. La Comisión ha propuesto “soluciones comunes y dejar atrás las soluciones ad hoc”, para crear un sistema de gestión de la inmigración previsible y fiable.
Ello incluye “buscar modos de mejorar la cooperación con los países de origen y tránsito, garantizar procedimientos efectivos, una integración lograda de los refugiados y el retorno de aquellos que no tienen derecho a quedarse”. Por ello, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha insistido en “reestablecer la confianza entre los Estados miembros”. No obstante, ese objetivo no se ha logrado al no conseguir imponer las cuotas y dejarlas a la voluntariedad del resto de Estados que no están en primera línea de los flujos de inmigrantes.
Por tanto, los países periféricos seguirán siendo los responsables de las fronteras exteriores y la gestión de la inmigración para toda la Unión. En este punto, la Comisión propone implementar un procedimiento fronterizo integrado que, por primera vez, incluirá una selección previa a la entrada que abarque la identificación de todas las personas que crucen las fronteras exteriores de la UE sin autorización o que hayan desembarcado tras una operación de búsqueda y salvamento. Aunque se presenta como una propuesta novedosa, esto ya se realizaba en los “hotspots” o campamentos de refugiados de Grecia e Italia, además de en todos los centros de inmigrantes de la costa mediterránea tras su rescate en el mar.
Todo ello implica controles sanitarios y de seguridad, la toma de las huellas dactilares y el registro en la base de datos Eurodac, como venía ocurriendo tras la crisis de los refugiados de 2015. Tras la selección, las personas serán orientadas al procedimiento adecuado, ya sea en la frontera para determinadas categorías de solicitantes o en un procedimiento de asilo ordinario.
Como parte de este procedimiento fronterizo, se tomarán decisiones rápidas de asilo o de retorno para que la situación de incertidumbre de las personas cuyos casos puedan examinarse rápidamente dure lo mínimo posible. Es decir, se va a tener que establecer un sistema rápido de retorno para los inmigrantes que no sean beneficiarios de refugio o asilo, lo que implica acuerdos con sus países de origen, si es que van documentados.
Pero el quid de este Pacto estaba en el reparto equitativo de la responsabilidad y la solidaridad, es decir, de los inmigrantes que entran de forma irregular. Dice la propuesta que “los Estados miembros tendrán la obligación de ser responsables y solidarios entre sí”. Pero, en realidad, sólo reduce la solidaridad a tiempos de emergencia. “Cada Estado miembro, sin excepción, ha de contribuir de forma solidaria en tiempos de emergencia para contribuir a estabilizar el conjunto del sistema, apoyar a los Estados miembros sometidos a presión y garantizar que la Unión cumpla sus obligaciones humanitarias”, especifica el texto.
Por lo que respecta a las diferentes situaciones de los Estados miembros y a las fluctuaciones de las presiones migratorias, la Comisión propone un sistema de contribuciones flexibles de los Estados miembros. Estas pueden variar desde la reubicación de los solicitantes de asilo desde el país de primera entrada hasta la asunción de la responsabilidad de la devolución de personas sin derecho de estancia o diversas formas de ayuda operativa.
Aunque el nuevo sistema se basa en cooperación y formas flexibles de ayuda a partir de una base voluntaria, se pedirán contribuciones más rigurosas en momentos de presión en cada uno de los Estados miembros, basándose en una red de seguridad. El mecanismo de solidaridad cubrirá diferentes situaciones, incluidos el desembarco de personas a raíz de operaciones de búsqueda y salvamento, presión, situaciones de crisis u otras circunstancias específicas.
Pero además, la UE necesitará fomentar asociaciones a medida y que sean mutuamente beneficiosas con los terceros países. Esto ayudará a abordar retos comunes como el tráfico ilícito de migrantes, desarrollar vías legales y la aplicación efectiva de los acuerdos de readmisión. En este sentido, tratará de impulsar un sistema común de la UE para los retornos, que incluirá un marco jurídico más eficaz, un papel más importante de la Guardia Europea de Fronteras y Costas y un recién designado coordinador de la UE en materia de retorno con una red de representantes nacionales.
Dada la urgencia de la situación en los países mediterráneos, la Comisión ha urgido al Parlamento y al Consejo para alcanzar un acuerdo político sobre los principios fundamentales del Reglamento sobre la gestión del asilo y la migración, y a adoptar el Reglamento sobre la Agencia de Asilo de la UE y el Reglamento sobre Enrocad antes de finales de año. También deberán adoptarse la nueva Directiva sobre las Condiciones de Acogida, el nuevo Reglamento sobre Requisitos para la Protección Internacional y la Directiva sobre retorno refundida.
