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El obispo auxiliar de València acusa a IGAE y UDEF de inventarse una causa penal y pide el archivo

Aseguran que la Fundación V Encuentro tenía carácter privado

6/07/2019 - 

VALÈNCIA. La defensa del obispo auxiliar de València Esteban Escudero envió al juzgado que investiga varios contratos irregulares durante la visita del Papa Benedicto XVI a València un escrito solicitando el archivo de la causa. Pero más relevante que la petición es la acusación que desliza sobre los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional, de los que asevera que "intentaron asignar" a la Fundación V Encuentro "el carácter de entidad pública para, acto seguido, acusarle de no haber actuado en materia de contratación de acuerdo con el régimen jurídico aplicable".

Según la defensa de Escudero, esta causa tiene su origen en otra tramitada en la Audiencia Nacional por financiación irregular del Partido Popular. Y que algunas empresas como Teconsa que aparecen en el sumario de la AN también prestaron servicios en la visita del Papa lo cual, quizás, "hizo pensar a alguien que, detrás de las contrataciones realizadas por la fundación pudiera existir también algún tipo de financiación de partidos políticos".

Asevera el letrado a este respecto que, tanto la IGAE como la UDEF incorporaron referencias "de forma reiterada" en sus informes sobre la colaboración en la actividad de la fundación de determinadas personas con carácter político, "coincidiendo ambos en resaltar" la figura del exconseller Juan Cotino. Pero que los peritos "no encontraron, como no podía ser de otra manera, el más mínimo indicio de financiación irregular de partido político alguno, o de pagos a terceros que carecieran de justificación", y que lo que hicieron fue "intentar asignar carácter público a la fundación" para acusar a través de los contratos.

Y apostilla a este respecto que, "de esta forma, de una actuación judicial dirigida a investigar una posible financiación irregular del Partido Popular, se pasa, sin solución de continuidad, a analizar si la actividad de contratación que desarrolló la fundación se sujetó o no, al régimen previsto para la Administración Pública".

Durante 48 folios, la defensa de Escudero trata de desmontar los informes periciales que aseveraban que la fundación era pública y, por tanto, se habría cometido un delito de malversación de caudales públicos. Explica que mientras que ellos, y la defensa del exconseller Juan Cotino, entregaron informes periciales de personas expertas, ni el perito de IGAE ni el de la UDEF eran "expertos juristas".

Llega incluso a hablar de "falta de objetividad" del perito contable del IGAE, del que dice que "excediéndose una vez más de lo que constituye el objeto de su informe, se adentra a analizar y criticar extensamente cómo es el proceder de la fundación en materia de contabilidad o su régimen de funcionamiento interno". Y añade que ambos peritos se pronuncian en sus respectivos informes "no queriendo saber nada e ignorando de forma deliberada las especiales singularidades que concurren en esta fundación y que son determinantes a la hora de calificarla como pública o privada".

Sobre esas particularidades, el escrito explica que el evento se convocaba desde la Santa Sede, que era quien fijaba los criterios a seguir. Dice en su escrito que la Generalitat solo podía asignar un patrono y no los que quería, algo que, a su juicio, no hubiera sucedido si la fundación hubiera sido pública.

Recuerda que el perito del IGAE dijo que la Fundación "no tenía un marcado carácter religioso, lo cual, aparte de ridículo, delata la grosera falta de objetividad". También afirma que el objetivo del encuentro "no fue la difusión de la Comunitat Valenciana, sino una repercusión mundial del evento".

Coste de 17 millones

En cuanto al dinero bajo sospecha y el coste del evento, explica la defensa del obispo auxiliar que la fundación "nació con un presupuesto estimado de 22 millones de euros en el que no se preveía disponer de fondos públicos de ningún tipo". Finalmente, el dinero que costó la visita ascendió a los 17 millones, de los que asegura el escrito que el 81,43 por ciento era de carácter privado, siendo la aportación de la Generalitat de 3.306.000 euros.

En cuanto a las pérdidas que tuvo la visita de Benedicto XVI, se achacan al hecho de que se tomó como base el encuentro anterior en Manila. Así, se estimó una afluencia de unos 2.000.000 millones de peregrinos pero, finalmente, vinieron solo un millón y medio, lo cual supuso "una reducción considerable de la cifra de ingresos prevista por inscripciones, donativos de peregrinos, venta de mochilas etcétera".

Por último, el letrado también desliza la posibilidad de que los delitos investigados en este caso estén prescritos. Por todo ello le pide a la magistrada que archive la causa contra el obispo auxiliar.

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