l'Oceanogràfic. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La pelea entre Rain Forest y Cacsa a cuenta de la gestión de l'Oceanogràfic llega a los tribunales. La firma que gestiona el Bioparc y que en su momento optó también a explotar el acuario ha presentado un recurso contencioso-administrativo por supuesta competencia desleal de la empresa pública Cacsa al ofrecer descuentos y vender entradas a pérdidas financiadas con ayudas de la Generalitat.
El recurso, planteado ante la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV), se dirige concretamente contra una resolución de la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat de mayo de 2017 en la que archivaba la denuncia de Rain Forest contra Cacsa por "infracción del derecho de la competencia".
En esa denuncia, el operador del Bioparc acusaba a Cacsa de realizar publicidad y comercializar entradas de l'Oceanogràfic con descuentos que compensa con ayudas públicas o ampliaciones de capital de la Generalitat, una circunstancia que falsea la competencia con los demás parques de ocio. De hecho, sostenía que la promoción con dinero público del Oceanogràfic fue en perjuicio de los visitantes de Bioparc.
Desde el inicio de la actividad de l'Oceanogàfic, en febrero de 2003, Cacsa optó por externalizar la gestión del acuario. Primero lo explotó Parques Reunidos y, desde julio de 2015, la gestión corresponde a Avanqua. La denuncia de Rain Forest ante Competencia se centra en la primera de estas dos etapas.
A la licitación del segundo contrato, el que se llevó Avanqua, también se presentó Rain Forest. Tras quedar segunda la firma cuestionó el concurso por la "desproporcionada diferencia económica" entre la propuesta de Avanqua y las ofertas de sus competidores, por lo que pidió la información completa sobre la adjudicación del expediente.
Según la denuncia de Rain Forest ante Competencia, el contrato con Parques Reunidos presentaba "puntos de desequilibrio concurrencial", soportados gracias a la financiación pública de Cacsa. En concreto, denunciaba que el operador refacturaba los gastos de explotación a Cacsa, mientras que la gestión y explotación de los servicios de restauración, venta de merchandising y catering eran en exclusiva para el operador.
Junto a la denuncia, la firma aportó un informe pericial en el que concluía que Parques Reunidos obtenía unos ingresos y beneficios fijos por el "simple hecho" de gestionar la explotación de l'Oceanogràfic además de unos ingresos variables ligados al resultado neto de explotación. "Tiene, por lo tanto, unos ingresos garantizados independientemente del resultado que se obtenga", aseguraba.
Además, destacaba que mientras Parques Reunidos obtuvo un "beneficio estable" con fondo de maniobra positivo durante la explotación, Cacsa registró un fondo de maniobra negativo de forma recurrente. Por ello, solo entre 2005 y 2011, la Generalitat tuvo que suscribir ampliaciones de capital en Cacsa por importe de 668 millones de euros y dio subvenciones por importe superior a 50.000 euros.
Para justificar el archivo del expediente, Competencia analizó que en la región existen 23 parques de atracciones, zoológicos y parques de la naturaleza gestionados por 18 operadores. Se trata, a juicio del organismo, de una oferta "variada" con un mantenimiento estable de las cuotas entre operadores. "No se aprecia que exista una alteración de la situación de competencia que afecte al interés público", concluyó Competencia.
Este mismo miércoles, la Sindicatura de Comptes publicó un informe de fiscalización de las cuentas anuales de Cacsa del ejercicio 2017 en el que destaca que la deuda de la Generalitat por las pérdidas acumuladas por esta sociedad asciende ya a 277,87 millones de euros y que Cacsa tiene un fondo de maniobra negativo de 40,31 millones de euros.
Este informe recoge la existencia de deterioro en el trencadís de la cubierta del Àgora "que CACSA no ha podido estimar", si bien añade que en marzo de 2017 se ha formalizado una adenda al contrato inicial para la ejecución de las obras del Àgora y urbanización colindante por la cual el contratista se compromete a realizar las actuaciones necesarias, sin que las mismas supongan coste alguno para esta entidad pública.
En paralelo al recurso contencioso-administrativo, el 15 de febrero de este mismo año, la Comisión de Defensa de la Competencia de la Comunitat notificó una resolución que ponía fin a la vía administrativa y declaraba "no acreditada" la existencia de infracción de la Ley de Defensa de la Competencia por parte de Cacsa.
