El Pacto de Toledo vuelve a reunirse para estudiar cómo garantizar el futuro de las pensiones

MADRID. (EP) La Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo volverá a reunirse la próxima semana en el Congreso, por primera vez desde la toma de posesión del Gobierno socialista de Pedro Sánchez, que ha reclamado a la Comisión un "gran acuerdo" para el presente y futuro del sistema público de pensiones.

En esta nueva reunión, convocada para las 11 horas del martes 12 de junio, la comisión continuará previsiblemente con sus trabajos para renovar las recomendaciones, una vez desbloqueado el debate sobre la revalorización de las pensiones.

Los últimos avances pasaban por la búsqueda de una fórmula de revalorización con la que evitar la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, que tuviera al IPC como factor principal, aunque único, ya que se abría la puerta a introducir otros indicadores como la productividad, el crecimiento económico o la evolución de los salarios.

Sin embargo, desde este acuerdo, alcanzado la última semana del mes abril, la situación política, especialmente lo referido al debate en torno a las pensiones, ha dado un verdadero vuelco: primero, con el acuerdo referido a estas prestaciones entre el Gobierno de Mariano Rajoy y el PNV, y después con la llegada a La Moncloa de Pedro Sánchez.

Acuerdo con el PNV para retrasar todo

Así, tan sólo un día después de desbloquearse el debate sobre la revalorización en el Pacto de Toledo, el PNV hacía público que, a cambio de su apoyo a los Presupuestos de este año, el Gobierno se comprometía a subir las pensiones en 2018 y 2019 conforme a la inflación, con el 1,6% como referencia, y a retrasar hasta 2023 la aplicación del factor de sostenibilidad que estaba previsto para 2019.

Estos cambios se justificaban como medidas transitorias con el fin de dar más tiempo al Pacto de Toledo para alcanzar un acuerdo que, tal y como coinciden todos los grupos de la comisión, debe permitir que, independientemente de qué partido esté en el Gobierno, éste pueda acometer medidas en el sistema público de pensiones sin dar la espalda a lo acordado en el Pacto.

Las posiciones se habían aproximado hasta el punto de que la entonces ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, confiaba hace apenas dos semanas en poder alcanzar un acuerdo antes del paréntesis estival, al tiempo que el PP abría la puerta a un cambio en la formulación del factor de sostenibilidad. Este pacto debería servir de base para un futuro acuerdo del Gobierno con sindicatos y patronales.

Sin embargo, quien deberá cerrar ese acuerdo ya no es un Gobierno defensor de la reforma de 2013 --que fijó la actual fórmula de revalorización y definió el factor de sostenibilidad-- sino que, por el contrario, rechaza tal reforma y defiende vincular de nuevo las pensiones con el incremento de los precios.

La nueva ministra, partidaria del IPC

Porque, pese a que Pedro Sánchez avanzara en el debate de la moción de censura que no veía posible derogar la reforma con los actuales apoyos parlamentarios, su ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, ha defendido la viabilidad de subir las pensiones al IPC, a través de la recuperación de salarios, la creación de empleo y nuevos ingresos al sistema.

En este sentido, Valerio pone el ejemplo de otros países que completan la financiación de sus sistemas públicos de pensiones con "impuestos especiales o generales", que se sumarían a las cotizaciones que ingresa la Seguridad Social.

Así, Valerio defiende que el sistema debe ser "financieramente sostenible", pero también "socialmente sostenible", y para ello cree que "hay que garantizar el poder adquisitivo de las pensiones y que suban conforme al IPC". Desde sus primeras intervenciones como ministra, Valerio ha reclamado un "gran acuerdo" dentro del Pacto de Toledo. "Me voy a poner manos a la obra. Creo que se puede conseguir un gran acuerdo de todas las fuerzas políticas", ha asegurado.