MADRID (EP). El pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos supone un aumento del gasto en 28.500 millones de euros en los próximos cuatro años. Buena parte de estas cantidades están destinadas a programas sociales. No obstante, el acuerdo busca un equilibrio en las cuentas públicos y por ello han previsto aumentar los ingresos en 29.000 millones, que saldrían de la reforma del impuesto de sociedades, de recuperar los fondos no recaudados con la amnistía fiscal y de la eliminación de duplicidades administrativas. Las propuestas están recogidas en el documento 150 compromisos para mejorar España.
Por ejercicios, el gasto se elevaría en 5.000 millones en 2017; en 7.950 millones en 2018; en 7.750 millones en 2019 y en 7.800 millones en 2020. Mientras que prevén un aumento de los ingresos de 5.000 millones en el presente ejercicio y 8.000 millones en cada uno de los ejercicios siguientes hasta acabar la Legislatura.
El plan que más costaría con diferencia es el Complemento Salarial Garantizado, que se elevaría en los próximos cuatro años a 7.600 millones de euros. La fórmula que se ha incluido es la de un impuesto negativo sobre el IRPF, que mejore los ingresos de los trabajadores, considerando su jornada laboral, su renta, sus condiciones y el patrimonio familiar. Esto supondría destinar 1.300 millones este año y 2.100 millones cada uno de los siguientes tres años.
El Plan contra la Pobreza Infantil o Plan de Infancia supondría 5.680 millones en cuatro años: 1.000 millones en 2017 y 1.560 millones en cada uno de los tres años siguientes.
El acuerdo titulado "150 compromisos para mejorar España", incluye un programa de Activación para el Empleo, para aumentar el grado de cobertura de los desempleados de larga duración y sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo. Costaría 2.000 millones hasta 2020, 500 millones por año.
El coste del Plan de Refuerzo Educativo para luchar contra el fracaso escolar está evaluado en 1.560 millones de euros, de los que 60 se gastarían este año y 500 cada año hasta 2020.
Otros 750 millones se destinarían al Plan de Educación Infantil de 0 a 3 años, o Plan Concilia. En este caso, el ejercicio en el que más gasto se prevee es el de 2017, 300 millones y 150 millones por año en los próximos tres ejercicios.
La gratuidad de los libros de texto serían otros 1.400 millones, 350 al año. El coste de la ampliación y equiparación de los permisos de maternidad y paternidad sería de 400 millones este año y 800 millones cada ejercicio: 2.800 millones en cuatro años. La equiparación se haría de manera progresiva, de tal manera que la duración del permiso de paternidad fuera de 4 semanas más el primer año, que se añadirían a las 4 ya existentes y otras cuatro más, el segundo ejercicio, con el objetivo de igualarlo al de las madres, que son 16 semanas.
La Dependencia también ve aumentado su presupuesto estatal en 1.760 millones de euros, 440 millones cada año. Y también se incluye la creación de un fondo sanitario para asegurar la movilidad geográfica de los pacientes dentro del territorio nacional dotado con 400 millones de euros, 100 millones cada año. Aquí se incluyen también los medicamentos para huérfanos.
Además de las medidas sociales, el acuerdo incluye otros programas que suponen un aumento del gasto, como los 500 millones para modernizar la Justicia, pero en este caso se desembolsarían en dos años, 2017 y 2018.
No obstante, a esta cantidad se añadiría otro Plan de Choque en la Administración de Justicia, para aumentar sus medios humanos y materiales, que estaría dotado con otros 700 millones, cien este año y 200, los siguientes.
Los negociadores han previsto, asimismo la creación de una red de institutos tecnológicos para investigación aplicada, con financiación mixta público-privada. Cada instituto estaría ligado a una universidad y otros centros de investigación y su director sería una figura destacada en el área.
Esta red se llamaría Red Cervera de Transferencia Tecnológica. La partida pública para financiarla sería de 2.050 millones en toda la Legislatura. Equivaldría al 60 por ciento del presupuesto de la citada Red, que debería obtener otro 30 por ciento de fondos privados y un 5 por ciento de becas internacionales.
Y finalmente, en el capítulo de gastos, se ha incluido un Plan de Lucha contra el Fraude para incrementar los recursos de la Agencia Tributaria y equipararlos a países de nuestro entorno. El coste sería de 1.000 millones distribuidos así: 100 millones este año; 350 millones en 2018; 400 millones en 2019 y 450 millones en 2020.
Según el anexo que ambos partidos han adjuntado al pacto "150 compromisos para mejorar España", la reforma del impuesto de Sociedades aportaría 15.000 millones en los próximos cuatro años, que se dividen en: 3.000 millones en 2017 y 4.000 millones en cada uno de los ejercicios siguientes hasta 2020.
Los populares y los de Rivera también han previsto recuperar en cuatro años un total de 7.000 millones de euros que se dejaron de ingresar en la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno de Rajoy en 2012. Ahí se incluyen también los ingresos que se haría por la mejora de la lucha contra el fraude. Serían 1.000 millones más de recaudación durante el presente ejercicio y 2.000 millones en cada uno de los tres ejercicios siguientes.
La eliminación de las duplicidades en la administración tendrían un impacto de otros 7.000 millones que el Estado no tendría que gastar en burocracia y destinaría a gasto social. Según este anexo, se ahorrarían 1.000 millones este año, y 2.000 millones cada año hasta 2020.