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El pactómetro deja a Compromís con un margen de maniobra casi nulo

13/11/2019 - 

VALÈNCIA. Tras el acuerdo escenificado este martes entre Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos), que sumaría un total de 155 diputados, toca ahora seguir las consiguientes negociaciones que deben producirse para que el candidato socialista consiga el mínimo de 176 diputados necesarios para su investidura o, en su defecto, una mayoría simple para continuar como presidente del Gobierno en una hipotética segunda votación.

Una aritmética que no ha terminado siendo generosa para Més Compromís, que solo dispone de un diputado propio, Joan Baldoví, y tres en total si se cuenta como un todo la candidatura de Más País liderada por Íñigo Errejón, con quien confluyeron en estos comicios.

Así, a priori todo pasa porque Sánchez consiga la abstención de los independentistas de ERC (13 diputados), lo que sumado a un eventual apoyo de PNV (7) y  pequeñas fuerzas como Más País (3), Teruel Existe (1), BNG (1), PRC (1) y Nueva Canarias (1), daría una mayoría holgada de más 'síes' que 'noes' a Sánchez en una votación aunque su investidura fuera rechazada por PP (88), Vox (52), Ciudadanos (10), Navarra Suma (2) y fuerzas independentistas como Junts (8) y la CUP (2). Una combinación en la que el voto de Compromís, incluso si se sumaran los de Errejón, no tendría por qué ser determinante.

Tampoco en el caso de que Sánchez consiguiera la abstención de Ciudadanos la coalición valencianista sería imprescindible. Dado que si ERC rechazara investir al líder socialista por esa maniobra de acuerdo con la formación naranja y el resto de fuerzas se mantuviera en la línea anteriormente mencionada, en todo caso la fuerza determinante sería EH Bildu (5), puesto que si votara en contra forzaría un empate que tampoco podría deshacer Compromís en favor de Sánchez dado que ya se contaría entre sus apoyos.

De esta manera, salvo que varios partidos se salieran del guión que parece dibujado, el voto de Joan Baldoví no apunta a ser esencial para la investidura de Sánchez, ni siquiera sumando los otros dos parlamentarios logrados por Más País. 

Una circunstancia que puede perjudicar en cierta medida el cumplimiento de la agenda valenciana que persigue el Botànic II que conforman PSPV, Compromís y Unides Podem, dado que el partido que lidera Mónica Oltra no tendrá la suficiente fuerza para imponer sus condiciones y todo dependerá de lo que pueda conseguir el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a través de la negociación directa con Sánchez o, en su defecto, de la presión que puedan realizar los cuatro representantes valencianos de Unides Podem en el Congreso para hacer visibles las reivindicaciones del Botànic II.

Una situación compleja dado que tanto PSOE como Unidas Podemos son dos fuerzas de carácter estatal que deben atender a las exigencias de todas las CCAA y, muchas de ellas, gozan de una representación igual o más decisiva para el objetivo final. Con una salvedad, el coste de las reivindicaciones valencianas, debido al tamaño y población de la Comunitat, son mucho más caras para el Gobierno central que las que peticiones que pueden llegar desde Teruel, Galicia, Canarias o País Vasco, por citar algunos ejemplos, lo que sin duda pondrá a prueba la relevancia y capacidad negociadora principalmente del socialista Ximo Puig.

Las reivindicaciones de Compromís antes del 10N

Meses atrás, en agosto, la coalición valencianista encabezada por Baldoví y Oltra mantuvo una reunión con Pedro Sánchez con la presencia del ministro José Luis Ábalos y del propio Ximo Puig. En ese encuentro, Compromís puso sobre la mesa la agenda valenciana compartida en su mayoría con el propio presidente de la Generalitat basada en la reforma del sistema de la financiación autonómica (se pedía una propuesta en firme en los primeros ocho meses de legislatura).

Ábalos, Puig, Sánchez, Oltra y Baldoví en la reunión celebrada en agosto. Foto: ESTRELLA JOVER

Además, el documento entonces entregado incluía el pago de las entregas a cuenta que el Gobierno adeuda a la Comunitat cifrado en 730 millones; acabar con la deuda del Consorcio Valencia 2007; la gratuidad de la AP-7; cumplir con el 10% de inversiones territorializadas para la Comunitat en los Presupuestos Generales del Estado; mejora de la financiación en materia de dependencia; medidas para la defensa de la agricultura valenciana así como otras acciones dirigidas a las infraestructuras hídricas y la transición ecológica.

Unas reivindicaciones que difícilmente serán asumidas en su totalidad por el futuro gobierno -de conformarse- salvo que los votos de Compromís y Más País sean aritméticamente decisivos ya no en la investidura, sino de cara a la aprobación de los presupuestos.


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