BARCELONA (EFE). El Parlament ha aprobado este jueves pedir que se investigue judicialmente las posibles responsabilidades penales del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y al exministro del Interior Jorge Fernández por la denominada 'Operación Cataluña'.
El pleno de este jueves ha aprobado el dictamen de la Comisión de investigación sobre la 'Operación Cataluña', con los votos a favor de JxSí, la CUP y SíQueEsPot, la abstención de PSC y Cs, y el voto en contra del PP.
También piden que se investigue al jefe de gabinete de Rajoy, Jorge Moragas; la exlíder del PP catalán Alícia Sánchez Camacho; el exdirector operativo de la Policía Nacional Eugenio Pino; los exmandos policiales José Ángel Fuentes Gago y José Manuel Villarejo, y los periodistas Eduardo Inda y Esteban Urreiztieta.
El dictamen insta al Govern a usar todos sus medios técnicos para llevar a instancias judiciales las supuestas irregularidades, y concluye que la 'Operación Cataluña' es "una conspiración para intentar frenar la disidencia política en Cataluña, particularmente el movimiento independentista, conspiración que se ha llevado a cabo, al menos, durante los años en que Jorge Fernández ha sido ministro de Interior".
En su intervención en el pleno, la presidenta de la comisión, Alba Vergés (ERC), ha considerado que se trata de "hechos gravísimos que atentan contra la esencia de la democracia", que no son propios de un estado de derecho, y además ha agradecido a las personas que han comparecido y ha lamentado el boicot de muchos de los citados, entre ellos Rajoy, Santamaría y el ministro.
Sobre la ausencia en los trabajos de la comisión de PSC, no formó parte desde un principio, y de PP y Cs, que la abandonaron, ha afirmado que "la obligación de los diputados es asistir y trabajar, escribir las conclusiones y que se puedan debatir en comisión y pleno".
El diputado de JxSí Lluís Guinó ha subrayado que en la comisión se ha comprobado que el Estado "tenía concentrado un ámbito policial en medio de aguas podridas" y que ha intentado ensuciar y perjudicar a personas y partidos con ideas diferentes y que se han usado fondos reservados.
Desde las filas de la CUP, la diputada Mireia Boya ha afirmado que existió una brigada política policial y una estructura de estado paralela para lanzar "mierda prefabricada por la Moncloa" para evitar que la gente vote, y ha avisado de que estas confabulaciones les reafirman en su voluntad de ser independientes.
Albano Dante Fachin (SíQueEsPot) ha criticado unos hechos gravísimos pero ha puntualizado que "no es solo el Estado español: se debe denunciar con la misma contundencia venga de donde venga" ya que, en sus palabras, ante la barbarie de las cloacas no cabe equidistancia.
La diputada del PP Esperanza García ha tachado a JxSí y la CUP de estar en el "delirio permanente" de imaginar enemigos y les ha reprochado haber hecho del Parlament un teatro en el que decidieron que las opiniones serían hechos probados.
Les ha acusado de crear tribunales inquisitoriales contra el Gobierno y ha lamentado que sus ganas de construir un relato hayan superado las ganas de hallar la verdad: "¿Qué harían ustedes sin su enemigo exterior, sin tener a quien echar la culpa?".
Matías Alonso, de Cs, ha afirmado que "seguramente haya responsables políticos que creen que pueden usar los instrumentos del Estado para beneficio político" pero que también hay 'cloacas' en Cataluña, y ha valorado que la comisión ha sido instrumental, para afianzar la tesis de que el Gobierno ataca a Cataluña.
El diputado del PSC -que no participó en la comisión- Jordi Terrades ha explicado que, pese a no estar presentes, su partido ha constatado que "desde la cúpula de Ministerio se creó una estructura policial destinada a obstaculizar escándalos de altos dirigentes del PP y a perseguir adversarios políticos".
El dictamen dice que han tratado de "reducir el apoyo social del independentismo como opción política mediante la desacreditación" y relacionarlo con prácticas fraudulentas, asociando a los líderes políticos y cívicos independentistas con corrupción para invalidar su proyecto.
Afirman que se fabricaron informes policiales basándose "en informaciones falsas con datos obtenidos de manera fraudulenta y con elucubraciones de procedencia ambigua y anónima", persiguiéndose a políticos como Artur Mas, Oriol Junqueras y Xavier Trias; a Pablo Iglesias, así como a Carme Forcadell cuando era presidenta de la ANC.
"La 'Operación Cataluña', como ejercicio de guerra sucia en pleno siglo XXI, tiene un carácter esencialmente difamatorio", inventando pruebas y casos inexistentes, según las conclusiones, que constatan que ha sido una operación de estado.
Asimismo, constatan la existencia de una "brigada politicopolicial española" con la implicación de comisarios, detectives, agentes, funcionarios y altos cargos del Ministerio del Interior, de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC) y del poder judicial.